Los arrestos se han practicado tras el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad del vallado que separa la ciudad española de Marruecos y la práctica de "otras" diligencias de investigación.
La Guardia Civil ya puso a disposición judicial el 31 de julio un atestado con los datos de los 602 migrantes indocumentados nacionales de Guinea Conakry (sobre todo), Gambia, Congo, Chad y Camerún que accedieron a la ciudad y los de los 18 funcionarios del Instituto Armado que resultaron heridos durante "el salto más violento que recordamos", según lo calificó el director general de la Benemérita, Félix Azón.
Los indocumentados utilizaron, según la Guardia Civil, radiales con baterías para violentar el vallado fronterizo y arrojaron cal viva con excrementos y aceite de baterías de coche sobre los agentes encargados de custodiar el perímetro.
La entrada se saldó por parte de Cruz Roja con 22 guardias civiles y 132 migrantes que recibieron asistencia sanitaria. Veinte indocumentados y diez agentes fueron trasladados al Hospital, donde únicamente cinco extranjeros tuvieron que ser ingresados.