La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández De la Vega, ha recordado al alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, que no es "razonable" que una corporación tome decisiones unilaterales que "no están en el marco de la ley" sobre el censo de los inmigrantes en una localidad. "Hay que sujetarse a la ley", ha señalado De la Vega.
Además, el PSOE ha recordado la obligación de los ayuntamientos de empadronar a los inmigrantes que acrediten domicilio habitual en el municipio, "independientemente de su situación administrativa".
Por su parte, la portavoz del grupo del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que su partido apuesta por "un debate sereno" sobre inmigración y financiación municipal. Sin embargo, ha declarado que "si el Ayuntamiento ha tomado decisiones fuera de la ley, la ley tendrá que aplicarse".
Polémica por la decisión del alcalde de Vic
El alcalde de Vic (Barcelona), el democristiano Josep Maria Vila d'Abadal, ha llevado a cabo una iniciativa que ha creado una gran polémica: El equipo de gobierno, formado por CiU, PSC y ERC, ha acrodado que la Guardia Urbana verificará por "mandato legislativo" la autenticidad de los documentos que se aportan al solicitar el empadronamiento para evitar la falsedad documental.
Por esto, la solicitud no se tramitará de forma inmediata, como se hacía hasta ahora, sino que tardará dos semanas en resolverse. Además, el Ayuntamiento ha constatado que denegará las solicitudes que no incluyan el DNI, NIE o pasaporte; el visado, tarjeta de identidad de extranjero o autorización de retorno, y un documento que acredite la disponibilidad de una vivienda en el municipio.