El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha confirmado en Zaragoza que se propondrán penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo por un presunto delito de sedición.
Así lo ha anunciado el fiscal general antes de presidir una reunión de la Junta de Fiscales en la capital aragonesa, en la que se ha incluido por vía de urgencia tratar el conflicto de los controladores y sus repercusiones penales.
Conde-Pumpido ha dicho que los hechos protagonizados por los controladores en los aeropuertos suponen un delito "muy grave" sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión.
A juicio del fiscal general, el conflicto protagonizado por los controladores no es un problema laboral, porque no se han utilizado los cauces previstos en estos casos, sino que se ha producido un abandono del puesto de trabajo "premeditado", "concertado" y "colectivo", con un grave daño para los ciudadanos y para España.
Conde-Pumpido ha confirmado que hay más de 20 diligencias abiertas en toda España y más de 400 personas responsables de estos hechos a los que se exigirá la correspondiente responsabilidad.
Los controladores se niegan a declarar ante la Fiscalía de Madrid
Los doce controladores aéreos citados este jueves por la mañana en calidad de denunciados en la Audiencia Provincial de Madrid para declarar ante la Fiscalía sobre su no presentación o abandono del puesto de trabajo, entre la tarde del pasado viernes y la mañana del sábado, se han acogido a su derecho a no declarar.
Así lo ha informado el fiscal jefe de la Audiencia madrileña, Eduardo Esteban, que ha explicado que los 26 controladores que están citados para este jueves, el viernes y el próximo lunes son los que la policía identificó el viernes pasado por haber abandonado su lugar de trabajo, y que se habían reunido en el hotel Auditorium, cercano al aeropuerto de Barajas.
Se pretende investigar a un total de 175 controladores en Madrid, aunque si continúan en la misma postura de no declarar, se dejaría de citarlos para evitar dilaciones en la investigaciones, ha señalado Esteban, quien ha añadido que de momento no se ha adoptado ninguna medida cautelar contra ellos.
La Fiscalía de Andalucía también abre diligencias
Por su parte, la Fiscalía Superior de Andalucía ha anunciado que también ha incoado diligencias de investigación para "comprobar" en cuáles de los seis aeropuertos andaluces se vulneró la legalidad con motivo del paro llevado a cabo por los controladores aéreos, una investigación que se hace extensiva también al helipuerto de Ceuta y al aeropuerto de Melilla.
En declaraciones a Canal Sur Radio, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha recordado que varias fiscalías territoriales ya incoaron diligencias de investigación penal ante la posible existencia de un delito contra el tráfico aéreo, y a estas fiscalías se suma la de Andalucía, que cuenta desde anoche con un informe "con las pesquisas iniciales" realizado por la Policía Judicial que se incorporará a las diligencias.