La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya (Holanda), ha respondido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la suspensión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, no supone ningún obstáculo para el acceso del magistrado a un puesto de asesor en este departamento. Además, ha aclarado que el cargo ofrecido no incluye ningún tipo de inmunidad procesal.
El TPI ha sido el primer organismo que ha contestado a los requerimientos que realizó el pasado viernes la Comisión Permanente del Consejo con el fin de determinar si la nueva situación del juez, una vez suspendido por estar incurso en una causa penal en el Tribunal Supremo, incide en la petición que este realizó para ser declarado en "situación de servicios especiales" durante siete meses con el fin de ocupar la plaza que le han ofrecido en el organismo internacional.
En una breve misiva, firmada por el fiscal Luis Moreno Ocampo, la Fiscalía del TPI señala que ya conocía la investigación abierta a Garzón por una presunta prevaricación cometida al investigar las desapariciones del franquismo, y que "comprende que debía ser suspendido de sus funciones" de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
"Principio de inocencia"
No obstante, Moreno Ocampo subraya que la Fiscalía "respeta el principio de inocencia" establecido en el artículo 66 del Estatuto de Roma "y por lo tanto ni la iniciación de un proceso penal contra el mencionado magistrado, ni su consecuente suspensión provisoria constituyen un obstáculo para su contratación".
El CGPJ aún está pendiente de recibir otros cuatro informes antes de volver a reunirse para discutir el eventual traslado a La Haya de Garzón. Entre ellos, los solicitados tanto al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, como al Ministerio de Asuntos Exteriores para que informen sobre la petición hecha por Garzón de ser declarado en la situación de servicios especiales a la vista de la medida de suspensión cautelar adoptada el pasado viernes por el CGPJ.