El magistrado Pedreira ha decidido ratificar la imputación de Pérez Alonso en el caso por los delitos de asociación ilícita, cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Sobre "El bigotes" pesan además dos medidas cautelares: una fianza pecuniaria de 650.000 euros y la obligación de comparecer dos veces al mes ante los juzgados. Ya que su negativa a declarar, deja a "El Bigotes" en la situación que ya tenía anteriormente.
La declaración de "El Bigotes" podría haber ayudardo a clarificar la relación de la Generalitat valenciana con la "red Gürtel" y se produce después de que el juez haya recibido varios informes que apuntan a que Álvaro Pérez, como administrador de la empresa Orange Market, recibió un supuesto trato de favor en la adjudicación de contratos por parte del Gobierno regional y del PP valenciano.
Uno de esos informes, realizado por la Agencia Tributaria, revela presuntas irregularidades en la contabilidad del PP valenciano, que pudo ocultar donaciones de empresas empleadas para pagar a Orange Market por los contratos que le ha adjudicado la Generalitat.
El documento analiza los pagos y cobros de la empresa de Álvaro Pérez en 2007 -año de las últimas elecciones autonómicas y municipales- y concluye que durante ese ejercicio dicha sociedad incluyó en su contabilidad "solamente una parte de los servicios realizados", pero también prestó otros, cuyo cobro ocultó y "no incluyó en su contabilidad". "El receptor único o principal de estos servicios, que dan lugar a cobros supuestamente no incluidos en contabilidad, es el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV)", asegura la AEAT, que agrega que esos cobros "en B" se obtuvieron "en el marco de las elecciones valencianas y las elecciones locales de 2007".
Según la documentación analizada, Orange Market declaró haber prestado servicios al PPCV por importe de 751.903,44 euros, mientras que facturó otros 1.132.880 euros a la Generalitat valencianay a organismos dependientes de ésta.
Otro de los informes remitidos al juez es el de la Unidad de Auxilio Judicial que concluye que el Gobierno valenciano vulneró en repetidas ocasiones "la normativa reguladora de la contratación pública" mediante el fraccionamiento de contratos. Tras recibir esta información, Pedreira requirió a la Generalitat para que identificara a los responsables de 17 departamentos de esta Administración que contrataron con empresas de la trama entre los años 2004 y 2009.
En el informe se asegura que esos 17 organismos tramitaron con las sociedades de la "red Gürtel" 85 expedientes -de los que 76 correspondieron a contratos menores por razón de cuantía, por lo que se adjudicaron directamente- por un total de 7.251.062,46 euros. Orange Market, la filial valenciana de Special Events, propiedad del presunto cerebro de la red de corrupción, Francisco Correa, fue la empresa proveedora de servicios en 45 de los expedientes citados por la Unidad de Auxilio Judicial por un montante de 6.829.079,16 euros.
Bárcenas y Merino serán juzgados por el TSJM
El Tribunal Supremo (TS) ha devuelto este martes al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la causa contra el ex senador del PP Luis Bárcenas y el ex diputado por Segovia de este partido Jesús Merino en el "caso Gürtel", ya que ambos han dejado de ser aforados al haber renunciado a sus escaños. Así lo ha acordado la Sala del Penal del TS en un auto, en el que acuerda declarar la incompetencia de ésta para la instrucción y el enjuiciamiento de esta causa.
Según explica el auto, las actuaciones se remiten a la Sala de lo Civil y Penal del TSJM "una vez extinguida la razón de atribuir competencia a la Sala Segunda para la instrucción de los hechos denunciados" para que se unan a las diligencias que allí se siguen para la investigación de los mismos hechos.
El Supremo acordó el pasado mes de junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refería a los posibles delitos cometidos por Bárcenas y Merino, ambos por ser aforados, y devolver el resto de la causa al magistrado del TSJM Antonio Pedreira. En el auto en el que asumió la investigación sobre ambos el TS indicaba que existían indicios "suficientes" para ello.
La declaración de Bárcenas, quien según las investigaciones podría haber recibido 1.353.000 euros a cambio de mediar en la adjudicación de contratos a las empresas del presunto líder de la trama, Francisco Correa, fue voluntaria. Por su parte, el ex diputado del PP por Segovia Jesús Merino, a quien la investigación atribuye la obtención de más de 230.000 euros de la trama, declaró en el Supremo al día siguiente también de forma voluntaria.