Así consta en un auto dictado este viernes en el que Pablo Ruz ordena a la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "adopten las medidas necesarias" para evitar la celebración del acto, que conllevaría la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.
Ruz, que sustituye temporalmente a Baltasar Garzón al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha adoptado esta decisión a instancias de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que le reclamó este jueves que impidiera la celebración del acto al entender que su única finalidad es "la justificación de las acciones delictivas desarrolladas en nombre de ETA y la adulación pública de quienes las cometen, animando a su mantenimiento".
Los informes policiales solicitados por el juez instructor ponen de manifiesto que Riera fue condenada en mayo de 2004 a nueve años de cárcel por colaborar con el 'comando Barcelona', que actuó en Cataluña entre 2000 y 2001 llevando a cabo atentados como el que costó la vida del ex ministro socialista Ernest Lluch.