El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo mediante el cual se establece que el máximo de vacantes a disposición de los departamentos y organismos de la Administración General del Estado se reduce del 8 por ciento al 5 por ciento, por lo que se suprimirá en torno a 10.600 puestos de trabajo y supondrá un ahorro estimado de 250 millones de euros en tres años.
Esta limitación, que evitará desviaciones al alza en sus masas salariales, se realizará a través de la amortización o supresión de vacantes de puestos de sus RPT (Relación de Puestos de Trabajo).
La medida afecta a departamentos, organismos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administración del Estado, Seguridad Social, agencias estatales, entes públicos y entidades públicas empresariales.
Quedarán exceptuados las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia y Centros Penitenciarios, y los servicios periféricos del Servicio Público de Empleo Estatal y controladores aéreos.
Este acuerdo se enmarca dentro de las medidas de austeridad y eficiencia en materia de empleo público aprobadas por el Gobierno, y la limitación se mantendrá durante todo el período de aplicación del Programa de Estabilidad, que se prolonga hasta 2013.
Habrá un Observatorio del Empleo Público
Al respecto, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que tiene por objeto la creación, composición y régimen de funcionamiento del Observatorio del Empleo Público.
Este órgano tiene como objetivos recoger, analizar y difundir información sobre la situación del empleo en las Administraciones públicas, y diseñar modelos que sitúen al empleo público en condiciones de encarar adecuadamente las necesidades futuras. Entre sus funciones destacan las de la realización de diagnósticos en materia de recursos humanos o el seguimiento de la calidad de los servicios.
El Observatorio del Empleo Público es un órgano colegiado interministerial, adscrito al Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaría de Estado para la Función Pública, y cuenta con un Pleno con representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las Entidades Locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Nueva Ley de Sociedades de Capital
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que unifica en un único texto toda la normativa reguladora de las sociedades de capital. Según explica el Ejecutivo, este tipo de sociedades verán reforzada su seguridad jurídica.
La nueva ley recoge la normativa referente a las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas cotizadas y las sociedades comanditarias por acciones.
Aprobada la Estrategia Estatal de Innovación
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado también, a propuesta de la Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, la Estrategia Estatal de Innovación (e2i) que, según la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, promoverá "una economía más innovadora que acelerará la recuperación económica y conseguirá un crecimiento más sostenible".
Para el Gobierno, la estrategia impulsará el desarrollo tecnológico y la innovación como "eje fundamental" en el cambio de modelo productivo.
El reto de la estrategia para 2015 es conseguir que haya 40.000 empresas innovadoras nuevas, para lo que hace falta movilizar 6.000 millones de euros de inversión privada extra, que generarán cerca de 500.000 empleos en sectores de media y alta tecnología, según el Ministerio de Ciencia e Innovación.