Cada vez hay más cámaras que nos vigilan. En la calle, en los comercios, en las casas... ¿Cuántas? Imposible de saber. Sólo se registran el 10% de las cámaras que se instalan en establecimientos públicos. Del resto de comercios y de los particulares no se recogen datos. REC ofrece este viernes Videocontrolados, un reportaje que rastrea el mundo de la videovigilancia y que supone un debate social:¿Es realmente útil tener las calles sembradas de cámaras para nuestra seguridad o cercena nuestra libertad?
Según los expertos, el Reino Unido es el país más videovigilado del mundo, pero España no anda lejos. Después de los grandes atentados del Siglo XXI, como el del 11-M en España, en aras de la seguridad nacional, cada día se justifican más los controles cotidianos, pero también cada día peligran más nuestros espacios de privacidad. Las estadísticas hablan de la efectividad de las cámaras: sólo 1 de cada 1.000 cámaras se aprovechan en la resolución de un hecho delictivo.
Y el coste no es bajo. Cada nueva cámara que el ayuntamiento de Madrid o Barcelona colocan en la calle cuesta 20.000 euros de instalación más 20.000 euros de mantenimiento. Su efecto disuasorio dura tres meses, el tiempo que la gente tarda en acostumbrarse a su presencia.
El negocio de la seguridad privada no conoce la crisis. Sólo el sector de la vigilancia mueve más de 2.000 millones de euros al año.
Entre el deseo de seguridad global y el control real que se ejerce sobre los ciudadanos se abre un abismo que entierra las garantías democráticas, las exigencias de responsabilidad política y la necesidad de justificar un gasto elevadísimo que no consigue hacernos sentir más seguros.