La Infanta doña Cristina llegaba a los juzgados tranquila. Sonriente. Solo pronunciaba un escueto "buenos días" para entrar en la sala donde se enfrentaría a las preguntas del juez, las acusaciones particulares y el fiscal. La Infanta ha declarado en la misma sala que Urdangarín y frente al retrato de su padre, el Rey. Se enfrentó a más de 300 preguntas y el primero en interrogar ha sido el juez Castro que le imputa delitos fiscales y blanqueo de capitales a través de Aizoon. Para Manos Limpias, es un procedimiento "donde han pasado cosas inéditas".
Frente al retrato de su padre
Bajo la presencia del retrato de su padre, el Rey, la Infanta Cristina se ha sentado frente al juez Castro. Un equipo informativo ayudó al juez a mostrar las pruebas pertinentes. A la izquierda de la Infanta, se situó su defensa, los letrados Miquel Roca y Jesús Silva. En otro de los lados, se sientan las acusaciones populares: el frente cívico 'Somos Mayoría' de Julio Anguita, Virginia Negrete de Manos Limpias y el fiscal, Pedro Horach.
Evasivas por respuesta
En el receso del interrogatorio ordenado por el juez, los abogados de las acusaciones particulares han asegurado que la Infanta ha respondido con muchas evasivas y que en muchos temas la respuesta habitual es "no sabe, no contesta" ya que el 95 por ciento de las respuestas son evasivas.
El abogado de la acusación ha explicado que la Infanta ha acudido al interrogatorio muy preparada y que en todo momento está delegando en su esposo Iñaki Urdagarín la gestión de las empresas por las que ha sido imputada por los delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal.
"Yo confiaba en mi marido"
Según los abogados, la Infanta ha declarado "no saber" y ha alegado que "confiaba" en su marido. Sí ha reconocido durante el interrogatorio que sabía que su padre, el Rey Don Juan Carlos, le había pedido a Iñaki Urdangarin en 2006 que dejara los negocios relacionados con Noos.
Según el testimonio de la Infanta la petición se la habría hecho directamente el monarca al Duque de Palma. Noos fue creada en el año 2003 y cobró un total de 5,9 millones de las administraciones de Baleares y la Comunidad Valenciana.