El sindicato señala que el Ejecutivo se comprometió, en un acuerdo firmado en septiembre de este año con los interlocutores sociales, a incluir a las fundaciones y otros organismos en la Ley de la Ciencia para impedir que pudieran producirse despidos, tal y como han venido denunciando recientemente fundaciones como el CNIO y el CNIC.
El Gobierno aprobó el pasado 6 de octubre un Real Decreto --con el que modificaba la Ley de Ciencia--, para que tanto fundaciones como consorcios científicos --que según la Ley no podían atenerse a la excepción de concatenar contratos temporales-- estuviesen sujetos a esta excepción, que sí se contemplaba para organismos públicos y universidades, entre otros.
Sin embargo, UGT afirma que el acuerdo de septiembre --que evitaría, a juicio del sindicato, el despido de investigadores con contratos temporales y supondría que todos estos contratos de más de tres años pasasen a ser contratos indefinidos-- "aún no se ha cumplido".
UGT califica el desarrollo de políticas en materia de I+D+i en España como "una prioridad para este Gobierno" y ha abogado por apostar de manera "decidida" en esta materia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.
"Estamos en una situación muy grave, con altas tasas de precariedad y temporalidad en este sector, que puede ser dramática si el Ejecutivo no implementa este acuerdo y evita que numerosos grupos de investigación o departamentos pierdan a la mayoría de personal en los últimos meses, socavando numerosos proyectos de investigación de gran importancia social", concluye el sindicato.