"Valoramos positivamente que se haya echado hacia atrás la medida, que hayan rectificado", ha expresado Contreras en declaraciones a Europa Press tras conocer la medida.
Según el Gobierno, la modificación del código identificativo de los contratos (de cara al Ministerio de Empleo y Seguridad Social) era una solicitud que realizó la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en 2014 y que iba a implantarse hasta que la propia CRUE solicitó la paralización de la medida, debido a la protesta de varios colectivos afectados por la decisión, que consideran que el cambio hubiera supuesto una devaluación de los contratos.
Aún así, desde FJI/Precarios aseguran que la cuestión no queda resuelta con la paralización de la modificación y subrayan que su reivindicación lo que pide es "acabar con los periodos de inestabilidad" por los que, según han explicado, atraviesan los jóvenes investigadores y "dignificar la carrera investigadora".
"Valoramos la decisión de paralizar la medida pero lógicamente queremos una situación en que los contratos no se rijan ni por obra y servicio ni por prácticas. No se trata solo del código que regula los contratos sino de que se mejoren las condiciones", ha explicado Contreras.
En este sentido, ha recordado el decálogo que la organización publicó en 2015 con las principales medidas que, a su juicio, requiere el panorama científico e investigador español para ser competente y terminar con la situación de precariedad por la que, a su juicio, atraviesa desde el inicio de la crisis, en 2009.
"Hasta 2009 se había hecho un gran esfuerzo inversor y se cortó de raíz con lo recortes y lo estamos pagando", ha asegurado el portavoz de la FJI/Precarios.
En dicho documento, reclamaban "un marco regulador y presupuestario estable y adecuado" para alcanzar una inversión en I+D+i civil equiparable al 3% del PIB; la "desaparición de períodos sin derechos laborales ni remuneración"; la eliminación de los límites de reposición de empleo público en el sector; acabar con la endogamia y publicar con acceso libre los trabajos de investigación financiados con fondos públicos, entre otras medidas.