"Los ciudadanos tendrán que sufragar la compensación, mediante unas tarifas que no han tenido en cuenta el perjuicio que realmente pueden causar los dispositivos establecidos, al no haberse tenido en cuenta los estudios que sobre el daño causado ha venido realizando la propia Secretaría de Estado de Cultura entre los años 2012 y 2016 y que lo fijaba en aproximadamente 12 millones de euros", señala.
Según indica AMETIC, teniendo en cuenta el listado de equipos que define la norma para el periodo transitorio y las tarifas determinadas, "las estimaciones realizadas por las empresas del sector indican que la cantidad recaudada anualmente rebasará los 70 millones de euros, lo que supera considerablemente el perjuicio causado por la copia privada".
AMETIC precisa que "la excepción por copia privada origina una compensación a favor de los titulares de las obras para subsanar el daño económico que para el autor supone la realización de copias para uso privado por parte de las personas físicas" por lo que añade que "mediante este concepto no se debe pretender compensar otros perjuicios que puedan sufrir los autores, como pueda ser la piratería o los usos ilícitos".
Por otro lado, sobre el sistema de exenciones, AMETIC considera que las certificaciones que deben solicitar las empresas privadas"se deberían emitir por un organismo independiente, que no fuera parte interesada en la gestión y distribución de la cantidad recaudada, para garantizar la objetividad necesaria en su emisión".
En el caso del sistema de reembolso, señala que "el sector considera que no resultará efectivo, a tenor de la experiencia similar que se puso en marcha en Francia, donde las solicitudes de reembolso por parte de empresas, es inferior al 0,65%".
AMETIC asegura que seguirá colaborando con las autoridades en el proceso de consulta y negociación de la determinación de los dispositivos y tarifas definitivos que se debe abrir a partir de ahora.