La subida salarial del 0,3 por ciento firmada este viernes por el Gobierno y los sindicatos mayoritarios de la función pública para 2010 tendrá un coste de 50 millones de euros y afectará a 2,6 millones de empleados públicos de todas las administraciones.
Así lo dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras firmar con los dirigentes sindicales de UGT, Julio Lacuerda, de CCOO, Enrique Fossoul, y de CSI-CSIF, Domingo Fernández, el Acuerdo para la Función Pública 2010-2012, que también incluye la normativa para desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público.
El texto contempla por primera vez una cláusula de revisión salarial que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos en 2012, fecha en la que el Ejecutivo se ha comprometido a realizar las alzas correspondientes a la pérdida de sueldo de los dos años anteriores.
Plazas de nuevo ingreso
De la Vega ha anunciado también que el número de plazas de nuevo ingreso del personal en el sector público no superará el 15 por ciento de la tasa de reposición y se concentrará en "sectores prioritarios", que afectan a servicios esenciales.
Además, ha avanzado que es un acuerdo "razonable" que garantiza la prestación de servicios, al tiempo que "se ajusta a la austeridad que exigen los tiempos", por lo que especificó que la limitación no afectará a la Justicia, a la Sanidad, a la Educación, a las instituciones penitenciarias, a los servicios de empleo y a los ayuntamientos con menos 50 mil habitantes.
El acuerdo también contempla una reducción de la tasa de temporalidad hasta un máximo del 8 por ciento, así como la "racionalización" de los recursos materiales y humanos en todas las administraciones.
Para ello se creará un Plan de Ordenación de Recursos Humanos y un Observatorio del Empleo Público, encargado de redimensionar las plantillas y estudiar las necesidades de incorporación de nuevas categorías profesionales.
Ley de la Función Pública
Además, el Gobierno se ha comprometido a tramitar antes de 2011 la Ley de la Función Pública y a aportar al Plan de Pensiones de la Administración General del Estado el 0,3 por ciento de la masa salarial en 2010, cifra que en 2011 será del 0,5 por ciento y del 0,7 por ciento en 2012.
Las tres partes firmantes del acuerdo mostraron su satisfacción por haber alcanzado un pacto "en tiempo de crisis" y en el marco del diálogo social y consideraron que "debe servir de ejemplo" para estimular otros acuerdos en el ámbito privado.
En este sentido, la vicepresidenta primera puso como ejemplo el "espíritu constructivo" y la "voluntad negociadora" de los sindicatos y dijo que el diálogo social es ahora "más necesario que nunca" y que "cuando hay generosidad, siempre se puede llegar al consenso".