Mediante un comunicado el sindicato ha criticado la lentitud en la tramitación para poner en marcha la iniciativa legislativa popular para una prestación de ingresos mínimos por la pobreza "que no puede esperar" y ha aseverado que, a pesar del crecimiento económico, "el Gobierno, como se ha reflejado en los nuevos PGE, sigue sin priorizar las necesidades sociales".
Por tanto, ha exigido un incremento de los recursos destinados a los servicios sociales y a la protección a las familias y a la infancia. Lo que se traduce en ayudas económicas a las familias con rentas más bajas, el incremento de la prestación por hijo a cargo; el establecimiento de bonificaciones, descuentos y la gratuidad en el acceso y disfrute a bienes y servicios; la implementación de apoyos sociales para garantizar el acceso a una escuela de calidad, a una vivienda digna, a alimentos, ropa, a la sanidad, al ocio y la cultura.
"Los niños son los grandes damnificados también por las grandes crisis económicas como en la que hemos estado inmersos en nuestro país, y sus derechos básicos son vulnerados. Muchos se ven expulsados incluso de sus hogares, al no poder afrontar su familia los gastos de la vivienda; otros padecen falta de alimentos, de ropa, de asistencia sanitaria y de medicinas y tiene limitaciones drásticas en sus posibilidades de formación. Es decir, padecen situaciones de pobreza de las que es muy difícil salir", ha recordado.