La presidencia danesa de la Unión Europea ha decidido aplazar sin fecha el voto de los Veintisiete al verse incapaz de resolver las reservas de una minoría de bloqueo formado por nueve países, entre ellos España.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado a sus colegas europeos que mantenía su oposición al texto en apoyo a los países con "dificultades políticas" con la propuesta, como por ejemplo Francia, pero ha anunciado que si se vota de nuevo en junio cambiará su posición.
Sin embargo, la ministra danesa, Ida Auken, ha considerado que puesto que "no se dan las condiciones para un acuerdo político" tenía que someter a examen primero "las posibilidades" de prosperar el próximo mes porque no está dispuesta a devolver la discusión a los ministros si no ve posible sumar una mayoría que respalde la norma. "Reconsideraremos con mucho cuidado si volver (a la discusión en junio)", ha apuntado en rueda de prensa.
Auken y el comisario de Salud, John Dalli, han lamentado que pese a estar "cerca de un acuerdo" y de contar con el respaldo de "más de una veintena de países", no haya sido posible consensuar un texto satisfactorio para todos.
Pese a las cuentas de la danesa y el comisario, hasta nueve Estados miembros han expresado en un debate público sus reservas a la propuesta, aunque apoyándose en distintas razones, desde las dudas sobre las garantías jurídicas del texto o el respeto del mercado interior, hasta reclamar que se pueda basar en criterios medioambientales el veto a un cultivo.
Junto a España, han manifestado su rechazo Francia, España, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Suecia, Irlanda, Chipre y Eslovaquia. Entre los principales argumentos para su bloqueo figura el riesgo de "fragmentación" del mercado interior y la necesidad de "armonizar" las reglas y cubrir las lagunas que existen a nivel europeo.
La presidencia danesa de la Unión Europea redactó una última propuesta para introducir como novedad una fase previa al voto de los 27 para una autorización europea para que el país o países reacios a los transgénicos abran un diálogo con la empresa solicitante del permiso y le pidan que excluya el cultivo en el territorio de quienes se oponen.
Además, mantiene las salvaguardas propuestas por el comisario de Salud, John Dalli, para que los gobiernos nacionales puedan argumentar una serie de criterios medioambientales y socioeconómicos para vetar el cultivo de un OGM, una vez cuente con luz verde de la UE y siempre que no entre en conflicto con la evaluación de riesgo realizada a nivel europeo.
El texto que será base para la discusión ofrece "un mayor margen de maniobra" a los países, según fuentes europeos que, sin embargo, advierten de que varias delegaciones creen que combinar las dos fórmulas de exención "complica más que facilita" el procedimiento.
Asociaciones ecologistas como Greenpeace también rechazan las novedades de la propuesta de compromiso porque consideran que da un poder excesivo a las empresas fabricantes de los transgénicos, y se alinean con el Parlamento Europeo que en este asunto tiene poder de codecisión y que el pasado julio respaldó con amplia mayoría la propuesta inicial de Bruselas.
El 80% del espacio dedicado al cultivo de transgénicos en toda la Unión Europea está en España, que dedica cerca de unas 90.000 hectáreas de sus campos a sembrar el maíz transgénico MON 810. Sólo cinco países (República Checa, Rumanía, Portugal y Eslovaquia, además de España) autorizan este cultivo, según datos de 2009.