La Asociación ha emitido un comunicado ante la posible inminente decisión el próximo miércoles 8 de febrero sobre la solicitud de renovación planteada por el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña, Nuclenor, para que la planta vuelva a operar, esta vez hasta que cumpla 60 años de edad.
Así, la presidenta de la organización, Nieves Guitian, ha recordado a Europa Press que a Garoña se le pidió en 2015 que cumpliera unas condiciones de diseño que "aún no están listas". Por ello, los miembros de la asociación creen que no se debería dar una autorización favorable hasta que no esté todo ejecutado. "¿A qué se debe este cambio de criterio?", se plantea.
También ha criticado la "falta de debate y transparencia" con que se está desarrollando el proceso de renovación que supone disociar la revisión periódica de seguridad, que hasta ahora iba asociada a la autorización --normalmente por diez años--, sin que se esté analizando
Así, ante la previsible decisión esta semana en el pleno del CSN, la ASTCSN recuerda que el CSN pidió a Garoña que revisara su diseño e implantara determinadas modificaciones para actualizar su nivel de seguridad, entre las que se encuentran un nuevo sistema de tratamiento de gases, la separación física de cables eléctricos, la protección contra caída del techo del edificio de turbina, y el aislamiento de la contención primaria.
De hecho, en una carta enviada a la central en abril de 2015 se le dijo a Nuclenor que estas modificaciones "deberían estar implantadas como condición previa para la emisión del preceptivo informe favorable del CSN". Sin embargo, recuerda que en la actualidad estos cambios para mejorar el nivel de seguridad de la central no se han acometido.
Por ello, consideran que si el CSN emite un dictamen favorable a la explotación de la central supondría un cambio de criterio del que se desconocen sus fundamentos, dado que no ha habido debates públicos ni las actas del Pleno permiten conocer esas deliberaciones, y supone de facto una exención encubierta al cumplimiento de los requisitos previos.
De este modo, estiman que dictaminar sobre el nivel de seguridad de una instalación, supone hacerlo sin disponer de toda la información y supervisión necesarias.
En cuanto a la disociación de las RPS de las licencias de explotación, defienden que mantener sin cambios esa instrucción de la Organización Internacional de la Energía Atómica supone una "salvaguarda" de que las inversiones económicas para actualizar las plantas nucleares son "acordes al nivel de riesgo que se considera aceptable en cada momento".
En definitiva, la asociación denuncia que en su opinión emitir un dictamen técnico sin aplicar la mencionada Guía de Seguridad, ni conocer el resultado de la implantación de las modificaciones de diseño requeridas, supone "asumir unos riesgos de forma no justificada y sin el conocimiento ni la aceptación de la sociedad".
Por ello, reclaman un debate en el que el regulador explique públicamente su posición y justifique, en su caso, la necesidad de modificar estos requisitos así como una mayor transparencia del proceso de Garoña que cuyos expedientes han sido de acceso restringido incluso para los evaluadores.
"La toma de decisiones precipitadas sin haber implantado todas las modificaciones solicitadas, usando una normativa no aprobada, sin la transparencia debida y sin un debate previo sobre la extensión de vida de las centrales nucleares, pone en entredicho la credibilidad del CSN como institución responsable de la defensa de los principios de la seguridad nuclear y la protección radiológica", concluye la organización.