Según el presidente de la FTL, Carlos Núñez, tras estas cartas está "el clamor popular de millones de aficionados indignados" que demandan la resolución de un recurso que lleva casi seis años de retraso. Del mismo modo, afirma que también hay "millones" de españoles que, aún no siendo simpatizantes de los toros, defienden el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial.
Para el abogado de la fundación, José Miguel Soriano, la prohibición de los toros supone una invasión de competencias por parte del Parlament de Cataluña. También ha explicado que la resolución del recurso supondrá "un plus" en la seguridad jurídica de la tauromaquia.
"Esta seguridad es justa porque es el Estado de Derecho lo que se está reivindicando. La resolución va a suponer un muro de legalidad ante todas las administraciones públicas que, de forma arbitraria, se están escudando en una serie de circunstancias para ir en contra de la tauromaquia", ha comentado.
Asimismo, el vicepresidente de la Escuela de Tauromaquia de Nimes-Cataluña, Manuel Salmerón, ha comentado que la prohibición de los toros ha obligado a irse fuera y a unirse con las escuelas del sur de Francia. "Ahora nos llegan menos alumnos que en la época cuando había toros. Los chicos ya no pueden ir con su abuelo, con su padre o con su tío a la plaza de toros", ha lamentado.
Igualmente, ha asegurado que se han dado casos en Cataluña de alumnos de la escuela han sufrido presión escolar al reconocer que quieren ser toreros y que a alguno "lo han llegado a llamar asesino".
Por otra parte, el periodista y presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, Francisco March, ha avisado de las consecuencias de la prohibición de los toros en la comunidad autónoma que, a su juicio, "niega la libertad "fundamental" de la libre elección, la imposibilidad de desarrollar una actividad profesional y la pérdida de trabajos directos e indirectos".
TORO DE LA VEGA
En declaraciones a Europa Press, el abogado de la FTL José Miguel Soriano ha explicado que el decreto ley de Castilla y León del pasado mayo que prohibió dar muerte al Toro de la Vega de Tordesillas (Valladolid) también supone una invasión de competencias. A su juicio, este decreto invade las competencias de la tauromaquia, que desde su declaración como Patrimonio Cultural de España, dependen del Estado.
Soriano no ha confirmado que se vaya a presentar un recurso frente a la norma castellanoleonesa, pero ha asegurado que los asesores legales de la FTL se han reunido con el Ayuntamiento de Tordesillas y que están a su disposición "para lo que consideren oportuno".