En un comunicado conjunto, con motivo del debate celebrado este martes 28 de noviembre en el Consejo Escolar del Estado del borrador de la citada orden, estas organizaciones han indicado que la configuración de estas pruebas, prácticamente igual a las del curso pasado, "hace imposible que (los resultados) sean comparables entre las diferentes autonomías", por lo que, a su juicio, "ni tan siquiera podrán servir para intentar obtener un diagnóstico del sistema educativo español".
"Solo servirán para gastar fondos públicos, que deberían ser implementados en otras cuestiones realmente importantes, y para que cada Administración educativa intente dar forma a la prueba que realice de manera que los resultados caminen en el sentido que desean antes de hacerlas", aseveran.
Para estas organizaciones, existen "muchos motivos" por los que estas evaluaciones deben ser rechazadas "de forma frontal". Según advierten, el alumno "pierde su derecho a aprender"; se centran en determinadas áreas "consideradas instrumentales" --matemáticas, lengua, geografía e idiomas--; miden contenidos y no competencias; "obvia" la evolución y las circunstancias personales del alumno; se lanza un "mensaje de desprestigio" del profesorado, y "perpetúan el aprendizaje memorístico", entre otras razones.