Las medidas cautelares también incluyen la retirada de la licencia de caza, lo que implica que no podrá volver a cazar ni obtener el permiso de armas.
La suspensión llega a petición del letrado de la Generalitat, mientras que el abogado de las familias de las víctimas, Pau Simarro, presentó una denuncia penal contra la Generalitat que podría acarrear el pago de una multa de hasta 200.000 euros a cada una de las familias.