La joven madre ha señalado este miércoles, tras visitar a su bebé en el hospital donde está ingresada por una bronquiolitis, que el impago de esta multa fue por "un engaño" de su anterior abogado, al que ahora estudia denunciar. En estos momentos está a la espera de que la Audiencia Provincial de Valencia resuelva el recurso que han presentado contra la denegación del juzgado de lo Penal número 12 de la suspensión de la condena hasta que se resuelva el recurso.
Los hechos se remontan a hace nueve años cuando Sara, entonces rondando los 20 años, se encontró una cartera debajo de un coche y en lugar de devolverla utilizó los DNI y documentación bancaria de dos personas para suscribir varios contratos con distintas compañías de teléfono y domicilió los recibos en la cuentas de las perjudicadas. "Pregunté a mis amigos qué hacer con la cartera. Era consciente de que estaba cometiendo un delito pero no pensé que fuera tan grave. Soy consciente de mis actos ahora que estoy curada, antes no lo sabía", ha señalado.
Sara admite que revendió los móviles que le entregaron las compañías de forma gratuita por darse de alta para poder comprar comida, ya que entonces tenía una anorexia nerviosa con bulimia. "Fue un error", insiste.
Por estos hechos el jugado le condenó en septiembre de 2012 a 1 año y nueve meses de cárcel y a 720 euros de multa por un delito continuado de falsedad en documento mercantil seis meses de cárcel por un delito de estafa. La pena de delito de falsedad le fue suspendida y se le conmutó la pena de seis meses de cárcel por estafa por una multa de 1.440 euros, según señala el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.
Al respecto, esta joven señala que su anterior abogado "no le comunicó que tenía que pagar" ninguna multa, sino que "ya estaba libre". Sin embargo, en marzo del pasado año, le llegó una carta en la que se le comunicaba que tenía que pagar dos multas una 1.440 euros y otra de 720. Entonces, relata, llamó a su abogado para preguntar qué pasaba y le respondió que "no pasaba nada, que iba a remitir un escrito diciendo que era insolvente". Pero, se lamenta, a los seis meses le llegó "la misma carta" y otra en la que le informaba que tenía cinco días hábiles para entrar en prisión.
Según relata, cuando intentó pagar, el "juez aceptó los 720 euros pero no la de 1.440 euros" para evitar ir a la cárcel ya que ha pasado el plazo para pagar la multa. Por ello, se plantean denunciar a su anterior abogado aunque ha señalado que no tienen ningún papel para demostrar "los fallos" del letrado porque "siempre" le hablaban por teléfono. "Siempre me decía que era un error del juzgado peor luego me di cuenta que era un error suyo, en ningún momento me dijeron que tenía que pagar para no entrar en la cárcel", ya señalado.
Rezo por estar con mis hijas
"Día tras día sólo rezo para estar con mis hijas porque he rehecho mi vida para estar con ellas", ha señalado Sara, que comenta que se siente "impotente" porque su situación es "muy injusta" porque ella "ha pagado" y "lo único" que quiere es tenerlas a su lado.
Sara, que en estos momentos no tiene empleo, señala que vive gracias al Banco de Alimentos y lo que le donan las parroquias y lo que le pasa su expareja para pagar el alquiler. Además, pide que si finalmente debe entrar en prisión, el juzgado le permita hacerlo con su hija lactante. "Si no, ¿cómo le voy a dar de comer a mi hija?", se ha preguntado.
Con todo, ha confiado en que gracias a las 75.000 firmas recogidas en Change.org, una iniciativa impulsada por su madre, se le conceda el indulto. "La esperanza nunca se pierde", ha señalado, aunque señala que vive esa espera con "mucha amargura y con muchas lágrimas". "Lo único que pido es que tengan corazón y que se pongan en mi lugar", ha indicado.
Con todo, ha confiado en que gracias a las 75.000 firmas recogidas en Change.org, una iniciativa impulsada por su madre, se le conceda el indulto. "La esperanza nunca se pierde", ha señalado, aunque señala que vive esa espera con "mucha amargura y con muchas lágrimas". "Lo único que pido es que tengan corazón y que se pongan en mi lugar", ha indicado.
Por su parte, su letrado, Juan Gargallo, ha explicado que el juzgado ha denegado la suspensión del ingreso prisión a pesar de estar tramitando el indulto diciendo que no es merecedora porque entiende que "no le consta que no haya tenido este último bebé para intentar eludir le ingreso en prisión", y alude a la indignación ciudadano ante los indultos a penados.
Requerimiento personal
El TSJCV, en un comunicado, señala que en la sentencia condenatoria, que recoge los argumentos aportados por todas las partes, no se hace mención alguna a que se haya expuesto ninguna circunstancia extraordinaria que hubiera podido ser tenida en cuenta como circunstancia atenuante.
Además, apunta que el juzgado aceptó la petición de la condena de sustituir los 6 meses de cárcel por la estafa por una multa de 12 meses a razón de euros diarios (1.440 euros) y que ese mismo día ya fue requerida de pago en la sentencia que se dictó en el mismo acto del juicio tras el acuerdo de la condena con el fiscal. Sin embargo, no ha pagado ninguna cuota.
En junio de 2013, "como sigue sin pagar nada, el juzgado de lo Penal 14, encargado de ejecutar la sentencia, le requiere nuevamente para que pague" y señala que ese requerimiento es "personal, en su domicilio, (no a través de sus abogados) y se le apercibe de que en el caso de no pagar, se le revocará la sustitución de la pena de prisión por multa". Sin embargo, a pesar de ese requerimiento, "sigue sin abonar ninguna cuota de la multa por el delito de estafa" y en julio de 2013, el juzgado revoca la sustitución de la pena de prisión por multa por el delito de estafa.
Del mismo modo, señala que consta en el expediente que la decisión del juez de revocarle la sustitución de la pena de prisión por multa "fue notificada al representante legal de la condenada" y que "la resolución no fue recurrida y cobró firmeza".
Por ello, el 2 octubre de 2013, el juzgado requiere a la condenada para que ingrese en prisión, y el 29 de octubre de 2013, la acusada, ya con nuevo abogado, abona 2.177 euros y solicita la suspensión del ingreso en prisión.
Sin embargo, el 13 noviembre se le deniega suspensión, ya que el juzgado considera que ese pago es "extemporáneo" porque "ya existía una resolución firme (no recurrida) que le revocaba la sustitución de la pena, es decir, que existía una resolución que le revocaba el beneficio de pagar con multa y no con prisión la condena por estafa".
De esos 2.177 euros, 720 euros se destinan a pagar la multa por el delito de falsedad y parte de las indemnizaciones a los perjudicados. El resto, 1.440 euros que la condenada pretendía destinar a pagar la multa por el delito de estafa "no son admitidos por su extemporaneidad". Esta denegación de suspensión fue recurrida y la Audiencia Provincial la confirmó.
En septiembre de 2014, la condenada comunica al juzgado la solicitud de indulto y pide la suspensión de la ejecución de la pena de prisión a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre ese indulto. El juzgado no le suspende la pena. La condenada presenta recurso de apelación contra esta decisión judicial y el recurso habrá de resolverlo la Audiencia Provincial. En este momento está pendiente de que el fiscal emita informe.
El PSOE pide el indulto al Gobierno
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el secretario de organización del PSOE, César Luena, quien considera "inmoral" que esta mujer tenga que entrar en la cárcel por unos hechos ocurridos en 2009, cuando la joven padecía anorexia y bulimia, enfermedades de las que ya se recuperó.
Se trata de una proposición no de ley, recogida por Europa Press, en la que el PSOE cuenta cómo Sara González fue condenada, en septiembre de 2012, a una pena de un año y nueve meses por un delito de falsificación, y otros nueve meses por un delito de estafa, al haber utilizado unas tarjetas bancarias para comprar y revender móviles a compañías telefónicas.
Según relata el PSOE, en febrero de 2013 la primera de las penas fue suspendida por ser la primera condena, mientras que la segunda fue conmutada por una multa de 1.440 euros.
"Sara González no pagó la multa alegando insolvencia, lo que pudo ser consecuencia de un mal asesoramiento. En cuanto tuvo conocimiento de que debía pagarla lo hizo pero ya fuera del plazo legal establecido", avisa el PSOE, al mismo tiempo que recuerda que, ante el impago de la deuda, debe entrar en la cárcel pasados cinco años.
Ya no está enferma
Es más, defiende que la situación de la condena ha cambiado "notablemente" y Sara no ha vuelto a cometer ningún delito. Asimismo, asegura que en la actualidad se encuentra recuperada de las enfermedades (bulimia y anorexia) que la llevaron a delinquir y tiene dos hijas menores de edad, de cuatro años y dos meses.
El PSOE subraya, en la exposición de motivos de la iniciativa, que el indulto está previsto como medida de gracia de carácter excepcional, que permite la remisión de las penas impuestas por sentencia firme, siempre que con ello no se cause perjuicio a terceros o se lastimen sus derechos.
"En atención a la situación de desamparo en que quedarían estas dos menores y, por tanto, por razones estrictamente humanitarias es necesario defender el indulto de Sara González", insisten los socialistas.