La iniciativa solicita que, de acuerdo a lo previsto en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, "se proceda a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en relación a los territorios afectados, con aplicación de las medidas previstas en el artículo 24 de la citada ley, que comprenderán, entre otras, y en todo caso".
Así, reclama para este territorio "ayudas directas por los daños materiales producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas como en los de las Administraciones, así como por los gastos ocasionados para hacer frente a esta catástrofe". Igualmente se pide que se den "indemnizaciones por daños producidos en explotaciones pesqueras, agrícolas o ganaderas".
El texto, recogido por Europa Press, pide también la puesta en marcha de "beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones y otras actividades afectadas", así como "bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social".
UNA LÍNEA DE CRÉDITOS
Además, se insta al "establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como consecuencia de los siniestros".
Y en este sentido, se apuesta por la "concesión de anticipos directamente por la Administración General del Estado sobre las ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho por causa de esta catástrofe", además de la "habilitación de los créditos extraordinarios necesarios para dar cobertura presupuestaria inmediata a estas ayudas".
Finalmente, se llama a "a adoptar las medidas de coordinación y seguimiento previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, dando cuenta de todo lo actuado al respecto, en el plazo máximo de tres meses, ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados", y "en coordinación con las Comunidades Autónomas, en el marco de los planes de gestión forestal y con la adecuada consignación presupuestaria, a incrementar las medidas de prevención, incidiendo en la recuperación de usos y aprovechamientos de los montes".