La Asamblea General de la plataforma se ha referido a la decisión del tribunal como una "distorsión" que, a su juicio, contraviene el "sentido original" de la aportación voluntaria y "puede perjudicar gravemente al sector, hasta el punto de deshacer su cohesión". "Adolece de falta de perspectiva y distorsiona la esencia y objetivos que guiaron la configuración del nuevo modelo", ha criticado el presidente de la plataforma a las organizaciones y entidades sociales de España, Luciano Poyato.
Por ello, en el marco de la reunión para aprobar la planificación y las líneas de actuación de cara a 2018los responsables de la plataforma han destacado la necesidad de reanudar "con urgencia" los trabajos encaminados a buscar vías de financiación alternativas, así como recuperar la agenda política del Tercer Sector y "profundizar en los desarrollos de la Ley del Tercer Sector". Además, recuerdan que esta última tarea sigue estando pendiente desde la aprobación de la ley en 2015. Asimismo, piden aprobar el Programa e Impulso a las Entidades del Tercer Sector, sobre el que tienen "importantes expectativas" y recuerdan que debería haber sido puesto en marcha "hace un año".
"La situación económica del sector es complicada y demandamos financiación alternativa que nos permita seguir trabajando en favor de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad", ha indicado Poyato sobre la cuestión de la financiación.