Durante su declaración ante la jueza Julia Patricia Santamría, que sigue produciéndose en el juzgado de Lo Penal número 21 de Madrid, Fuentes ha defendido que "nunca" hizo una transfusión de una persona a otra ni tampoco durante una competición.
Además, ha asegurado que el empleo de "motes" para saber quiénes eran los dueños de las bolsas de sangre se debía a la "comodidad" y que el empleo de jerga en las conversaciones telefónicas con su clientes se debía al "miedo" que tenía de que "la prensa" le hubiera pinchado el teléfono y "no la Guardia Civil" porque entiende que su actividad era legítima.
Fuentes ha explicado que "en absoluto" buscaba niveles de hematocrito excepcionalmente altos en los deportistas tratados por el peligro que implicaba para la salud, en forma de "problemas cardiovasvulares e incluso renales". Además, ha reconocido que su trabajo de "asesoramiento y preparación" con deportistas no era solicitado por los clubes o los equipos para los que jugaban.
El Ministerio Fiscal solicita para los procesados "dos años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante ese mismo tiempo", rezaba el auto, que también imponía una multa de "30 euros al día durante 18 meses".
La operación
La 'Operación Puerto' se remonta a febrero de 2006, cuando la Guardia Civil comenzó la investigación que acabó con las detenciones y registros el 23 de mayo en Madrid, San Lorenzo de El Escorial y Zaragoza del doctor canario Eufemiano Fuentes, considerado el 'cerebro' de la presunta red de dopaje, y Manolo Saiz, entre otros.
Aunque se dijo que entre los 'clientes' de la red de dopaje figuraban importantes futbolistas, tenistas, ciclistas y atletas, en el sumario del instituto armado tan sólo se logró identificar a 58 ciclistas, caso del alemán Jan Ullrich, el italiano Ivan Basso o los españoles Roberto Heras, Joseba Beloki y Óscar Sevilla, el colombiano Santiago Botero y el estadounidense Tyler Hamilton, entre otros.
No obstante, al no considerarse en ese momento como delito el dopaje en España, el juez Serrano sólo estudió un posible delito contra la salud pública, que sólo incriminó a los presuntos 'cabecillas' de la red y no a los ciclistas. Por este motivo, el juez archivó el caso y quedaron absueltos todos los imputados, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó en dos ocasiones la reapertura del caso, que ha comenzado este lunes con un juicio oral que se alargará hasta el 22 de marzo.