Así, el documento señala que el gasto social por niño es inferior al promedio de la OCDE y es "especialmente bajo" en la primera infancia, lo cual se deriva de un gasto bajo en ayudas en efectivo a las familias y en servicios públicos para el cuidado infantil.
"Las ayudas en efectivo a las familias representaban únicamente el 0,5% del PIB en 2013, un dato muy inferior al promedio del 1,2% de la OCDE, y que puede aumentarse aún más teniendo en cuenta la elevada tasa de pobreza infantil", señala.
En este sentido, destaca que una mejora de los servicios públicos de cuidado infantil no sólo contribuirá a aliviar la pobreza infantil -que cifra en una tasa del 23,4%, en comparación con un promedio del 13,3% en 2013 en la OCDE- al reducir los costes de este tipo de servicios para las familias que más lo necesitan, sino que además contribuirá a conseguir una mejor conciliación laboral y familiar. Esto, a juicio de la OCDE, también permitirá la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, potenciando la educación de primera infancia, "cuyos beneficios en materia de rendimiento escolar posterior están bien documentados".
La OCDE recalca que la pobreza ha aumentado en España, debido principalmente a la falta de empleo de calidad que proporcione suficientes horas de trabajo remunerado y unos ingresos adecuados.
Por ello, indica que deben replantearse los programas para combatir la pobreza para hacerse más efectivos, incrementando tanto su alcance como la cuantía de las ayudas, en especial en el caso de familias pobres con niños. En este sentido, considera importante que las prestaciones estén estrictamente supeditadas a la búsqueda activa de empleo, de manera que contribuyan a que los beneficiarios sigan vinculados al mercado de trabajo a través de los servicios públicos de empleo. "El empleo es la mejor fórmula para salir de la pobreza de manera duradera", sentencia.
Asimismo, considera que los programas de ayudas deben estar mejor coordinados con los servicios públicos de empleo de manera que exista una vinculación más estrecha entre protección social y la búsqueda activa de empleo. Además, señala que las prestaciones sociales para los desempleados deben ir retirándose más gradualmente a medida que aumentan los ingresos percibidos, en lugar de eliminarse por completo como es el caso en la actualidad, para que no se menoscaben los incentivos económicos para trabajar.