Así lo ha manifestado la organización este martes 5 de noviembre a través de un comunicado, en el que señala que el Real Decreto ha sido el instrumento legislativo elegido por el Gobierno para culminar el proceso de transposición de la Directiva de la Comisión Europea 2014/95 sobre información no financiera y diversidad.
En este sentido, critica que este proceso termina "casi un año después" de haberse agotado el periodo que la Directiva de la Comisión Europea establecía para que los estados miembros introdujesen sus disposiciones en los ordenamientos jurídicos nacionales, colocando a España como "el último país de la Unión Europea en incorporar estas obligaciones a su ley nacional".
"Este retraso es el que se esgrime en la exposición de motivos del Real Decreto para justificar la utilización de esta modalidad legislativa en lugar del procedimiento parlamentario ordinario. El uso del Real Decreto se apoya también en el hecho de que la obligación para las empresas comienza desde el ejercicio que se inicia el 1 de enero de 2017 y en la existencia de procedimientos de incumplimiento contra España", subraya el Observatorio.
Igualmente, critica que el Real Decreto "se limita a reproducir de manera casi idéntica" lo dispuesto en la Directiva 2014/95, que, a su juicio, "ya se entendía como una Directiva de mínimos". Además, añade que "desaprovecha la oportunidad de clarificar términos y cuestiones que resultaban dudosas en la norma europea".
"Los artículos del Código de Comercio, la ley de Sociedades de Capital y la ley de Auditoría de Cuentas, que resultan modificados por el Real Decreto, siguen conteniendo cláusulas que pueden llegar a desvirtuar el objetivo de transparencia pretendido por la norma europea, al dejar margen a las empresas para que no publiquen ciertas cuestiones siempre que justifiquen que ello atentaría contra su posición de mercado o contra sus negocios", apunta la organización.
En la misma línea, afirma que la norma permite que "justifiquen sin mayor desglose la inexistencia de políticas en alguna de las áreas sobre las que se requiere información".
Asimismo, critica que no concreta qué será "exactamente" aquello que las empresas deberán informar en materia de medio ambiente, derechos humanos, derechos laborales, corrupción y sobornos, aportando "simplemente algunos apuntes" que, en su opinión, "en nada contribuyen a la consecución de una información de calidad y homogénea".
Respecto al planteamiento del Real Decreto sobre las empresas obligadas, señala que es "bastante desafortunado", ya que "mezcla" lo dispuesto en la Directiva, aquellas entidades de interés público que cuenten con más de 500 empleados, con otros criterios que "solamente vienen a complicar el entendimiento de quienes son los sujetos obligados", disponiendo en un párrafo el número de 500 empleados y en otro el de 250.