El juez de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, toma declaración a una madre que denunció ante la Fiscalía de Madrid a la religiosa Sor María G.V., una monja implicada en el caso de los niños robados por un delito de detención ilegal permanente relacionado con la desaparición de su hija en marzo de 1982. Así, la propia hija ha asegurado a la puerta de los juzgados que si Sor María "no lo paga aquí", sabe que lo pagará "arriba", en alusión a la avanzada edad de la religiosa que le imposibilitaría un hipotético ingreso en prisión si es condenada.
Esta mujer, Pilar Torres, ha acudido a los juzgados a acompañar a su madre, para ratificar una denuncia presentada en su día ante la Fiscalía de Madrid y remitida por ésta a los juzgados ante indicios de un posible delito de detención ilegal.
La joven, que se ha fundido en un abrazo con su madre y sus hermanas nada más llegar a los juzgados, ha manifestado que se encuentra "muy feliz" y lo que quiere "es que salga la verdad".
Para ella, el "castigo" para Sor María sería "acabar en la cárcel porque ha hecho daño a muchas familias que están sin identidad". "Si no lo paga aquí, sé que lo pagará arriba", ha señalado.
Por su parte, su madre, María Luisa Torres, ha asegurado que lleva muchos años esperando en este momento. "Vamos despacio con la justicia pero espero que a partir de ahora se den pasos agigantados porque esto no es un caso aislado. Es hora de que se empiece a investigar", ha considerado.
La Fiscalía de Madrid remitió hace unos días la denuncia presentada por esta madre al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid para esclarecer los hechos, recayendo la investigación en el Juzgado número 47 de Madrid. Ahora, el juez ha admitido a trámite la denuncia y ha acordado citar a declarar a la denunciante para ratificar los hechos sobre la desaparición de su hija, que ahora tiene 29 años.
A partir de ahí, el magistrado decidirá sobre la supuesta prescripción del delito y sobre la naturaleza del mismo para llamar a declarar a la monja vinculada a esta red e imputarla de forma formal. Esta religiosa trabajó en la maternidad de Santa Cristina de Madrid y se la vincula con el doctor Eduardo Vela, relacionado también a la trama que investiga en toda España los casos de bebés robados.
En concreto, la denuncia que investiga Carretero es el caso de una madre que dio a luz a su hija en marzo de 1982 en la clínica Santa Cristina de Madrid. Sobre la mesa, el juez tiene pruebas de ADN que confirman la relación biológica materna entre la madre y la hija, algo fundamental que ha propiciado que siga adelante la investigación.
Por estos hechos, se imputa a la religiosa un delito de detención ilegal. No obstante, este delito podría pasar a uno de sustracción de menores, ya que este tipo penal no tiene carácter permanente como sería el de detención ilegal, según han indicado las mismas fuentes