Asimismo, el magistrado ha solicitado al Ayuntamiento que informe qué Concejalía es la encargada de tramitar la cesión de los locales municipales para este tipo de eventos con el ánimo de citar, en principio, en calidad de testigo, al responsable de la citada Concejalía.
Así lo avanza un comunicado remitido este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde se avanza que también se llamará a declarar como imputados al representante legal de la empresa Kontrol 34 y al de Seguriber.
El magistrado ha especificado que se les llamará a declarar en el curso de esta semana, o a más tardar a principios de la semana próxima, según apunta el TSJM.
Por otro lado, el magistrado llevará a cabo mañana la inspección ocular del recinto acompañado por representantes del Ministerio Fiscal, la Policía Científica y miembros de la Brigada de Homicidios que se encarga de la investigación de los hechos, así como de tres agentes, dos policías nacionales y un policía municipal que la noche de autos, fuera de servicio, se encontraban en el pabellón.
Acciones de personación
Por otra parte, el juez ha hecho un ofrecimiento de acciones a las familias de las cuatro jóvenes fallecidas, y a la familia de la muchacha que permanece hospitalizada en estado grave, por si consideran la posibilidad de personarse en las actuaciones como acusación particular.
Por último, y con el objeto de fijar el número de asistentes al acto, el magistrado ha requerido a la Policía Científica que haga una simulación mediante ordenador para establecer las personas que caben en el Pabellón Madrid Arena y las que realmente había.
Guardar las llamadas telefónicas
Por su parte, la Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) ha solicitado al juez Eduardo López Palop que guarde las llamadas telefónicas de los responsables municipales y de las empresas.
En un escrito judicial presentado en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, la asociación pide que se oficie a la Policía Judicial para que se preserven con las máximas garantías todas las conversaciones grabadas.