"El agresor es tan rico que no le importaría hacer el pago", recoge la publicación Univisión, en el relato de lo sucedido en una de las últimas comunidades indígenas reconocidas en peligro de extinción en Colombia.
La pequeña Yuliana Samboní, de siete años, fue secuestrada, violada brutalmente y asesinada por Rafael Uribe, un rico arquitecto colombiano hijo de una conocida familia que confesó el crimen tras ser halladas numerosas pruebas inculpatorias en su apartamento en Bogotá, y que incluso tuvo que ser ingresado por consumo de cocaína. En el juicio, el acusado confesó el crimen y ha sido condenado a 51 años de prisión, pena considerada insuficiente por la familia de la niña que ha recurrido la sentencia para que ésta se incremente al máximo legal en Colombia, 60 años.
INDEMNIZACIÓN PARA LA FAMILIA
Pero el debate ha quedado abierto ante la posibilidad de que, una vez la sentencia sea firme, la familia de la niña reclame una indemnización al asesino, una cantidad que, según recoge la publicación argentina, Rafael Uribe no tendría ningún problema en pagar, dada la alta posición económica de su familia.
En lo que llevamos de 2017, ya se han registrado en Colombia más de 4.000 denuncias por abusos sexuales a menores. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia defienden que el delito no sólo atenta a la vida de una persona, sino a todo un pueblo, y que la reparación monetaria no resarce los daños. Diferentes voces abogan por otras líneas de actuación como defender un endurecimiento de las penas y la prevención de este tipo de delitos.