El próximo 10 de octubre finaliza el plazo de la consulta para la elaboración del texto, que tiene como objetivo construir una Ley "con la mayor implicación social", tal y como ha señalado el MAPAMA, que ha añadido que la futura normativa es "un compromiso del presidente del Gobierno para cumplir con los objetivos recogidos en el Acuerdo de París y en el marco de la Unión Europea".
Sin embargo, diferentes sectores de la sociedad, como ONG ambientales, partidos políticos de la oposición y expertos que han participado en la comisión del Congreso para su puesta en marcha, han criticado el proceso.
Es el caso de Ecologistas en Acción, que, en declaraciones a Europa Press, ha lamentado que la participación ciudadana para elaborar la normativa está siendo "insuficiente" porque la consulta pública abierta ahora "sólo implica preguntas cerradas de orden jurídico".
En la misma línea, la ONG Greenpeace España ha expresado su malestar, junto a otras organizaciones ecologistas, por no haber sido invitada a la comisión de expertos creada por el Gobierno para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética, y que estará formada por 14 miembros.
Asimismo, las organizaciones que componen Alianza por el Clima consideran que las jornadas de dos días impulsadas por Medio Ambiente y el Ministerio de Energía para recoger propuestas para la futura Ley tampoco "no fue suficiente" porque cada actor tenía "tres minutos para hablar".
Mientras tanto, para el partido socialista, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es "una obligación del Estado" con la que el Gobierno de España "va muy por detrás de la mayoría de países".
Por su parte, el director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya Arnau Queralt, ha expresado durante su intervención la semana pasada en la comisión para el Estudio del Cambio Climático en el Congreso, "que la participación pública no se debe reducir a colgar un texto en la web para que la gente opine".
Pese a las críticas, según fuentes ministeriales consultadas por Europa Press, este procedimiento es "novedoso" porque deja a la ciudadanía realizar todas sus aportaciones y contestar a preguntas abiertas sin la base de un borrador, al tiempo que han señalado que es la "primera vez" que el MAPAMA lo pone en marcha para atender a una ley "de esta envergadura, que necesita un proceso participativo amplio".
Asimismo, el Gobierno ha creado un grupo interministerial para la elaboración de la Ley, que se reunió por primera vez el pasado mes de abril.