En este sentido, la asociación ha señalado que la siniestralidad por accidentes de ciclomotor en vías urbanas es uno de los principales desafíos que vienen enfrentando durante los últimos años organismos públicos y privados comprometidos con la seguridad vial. En concreto, han indicado que en el periodo que va desde el año 2003 a 2006 los ciclomotores -pese a suponer de media solo un 7,5% del parque de vehículos en circulación- estuvieron detrás del 30,67% de fallecidos y del 40,82% de heridos graves hospitalizados por accidente de tráfico en vías urbanas, según datos de la DGT.
Por este motivo, según ha recordado AECA-ITV, el Ministerio del Interior incluyó en el Plan Especial de Seguridad Vial para el año 2004 que este tipo de vehículos fueran sometidos a la ITV, la cual empezó a aplicarse en 2007. Según las estadísticas de DGT, en 2015 el porcentaje de fallecidos en vías urbanas por accidente de ciclomotor fue el 6,35% y el de heridos hospitalizados se redujo al 10%.
Asimismo, subrayan que la experiencia de la ITV a ciclomotores implantada en 2007 pone de manifiesto la importancia del mantenimiento de las condiciones técnicas de los vehículos en la reducción de la siniestralidad. Sin embargo esto no es así en toda la Unión Europea, ya que, de los 28 estados miembros, en 17 existe un sistema de inspecciones reglado para este tipo de vehículos.
Por último, la asociación ha recordado que, aunque la actual legislación europea no obliga a ello, la Directiva Europea del Parlamento y del Consejo, relativa a las inspecciones técnicas de los vehículos a motor y de sus remolques, que entrará en vigor en mayo de 2018, prevé la incorporación a la inspección de los vehículos de las categorías L3, L4, L5 y L7, es decir, motocicletas sin y con sidecar, triciclos y cuadriciclos no ligeros, respectivamente, a partir del año 2022. La propuesta europea es incluir a los vehículos de dos ruedas en las inspecciones con el objetivo final de aproximarnos a cero muertes en el año 2050 y reducir las víctimas a la mitad en 2020.