"Una vez más, el Partido Popular utiliza el TC, demostrando que el Estado español no existe la separación de poderes indispensable en una democracia", ha declarado Bassa en un comunicado.
Esta ley recoge la creación de una agencia para gestionar el sistema de protección social de Cataluña y centralizar las prestaciones que en cada momento sean competencia de la Generalitat, y organizar y gestionar los recursos del sistema de servicios sociales.
Bassa ha señalado que tiene funciones parecidas al antiguo Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass) y a organismos de otras Comunidades Autónomas, como la Agencia Madrileña de Atención Social, el Instituto de Atención y Servicios Sociales de Aragón y la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales.
Según la ley, esta agencia representaría al Govern en las instituciones internacionales en el ámbito de la protección social, y la consellera afirmó que se encargaría de la gestión de las pensiones en una supuesta Cataluña independiente.
Bassa ha criticado que el Estado no ha propuesto ninguna comisión bilateral de resolución de conflictos para analizar cómo se tenía que interpretar esta ley: "Como siempre, prefieren ir directamente al TC y no utilizar la vía del diálogo".
La ley ha sido avalada con un informe favorable el Consell de Garanties Estatutàries, y Bassa ha considerado que es "muy dudoso que no respete el ordenamiento estatutario y constitucional", porque fue el propio TC el que avaló la creación de esta agencia propia, propuesta en la Ley de Presupuestos de 2015 en una sentencia en la que se admitía la creación de una agencia que gestionara las competencias catalanas en el ámbito.