Según explica la referencia del Consejo, este fondo financia en un 85% los programas nacionales de distribución de alimentos a las personas más desfavorecidas, así como medidas de acompañamiento social. El otro 15% lo financia el Estado.
Las subvenciones se conceden a las "organizaciones asociadas de reparto", que son seleccionadas por los Estados miembros, para que, junto con el reparto de alimentos que pretende cubrir una carencia material básica, "se ofrezca el apoyo necesario a las personas beneficiarias de esta ayuda para superar algunas de las dificultades con que se encuentran para su plena participación e inclusión social".