La organización realiza un acompañamiento a personas migrantes en el CIE de Aluche, en Madrid, un centro por el que en 2016 pasaron en régimen de internos un total de 1.526 personas, de las cuales 527 eran de origen subsahariano.
En total, en 2016 fueron internadas en los distintos CIE 7.597 personas, casi un 10% más que en 2015. "Ha habido un aumento continuado del internamiento de personas recién llegadas a España en el CIE de Madrid", asegura la organización.
Coincidiendo con la conmemoración, este jueves 15 de junio, del 'Día contra los CIE', Fundación Karibu ha presentado un documento en el que recoge las conclusiones de su trabajo durante 2016, entre las que destaca su condena al sistema de CIE por considerarlo "injusto" e "ineficaz" y por "vulnerar los derechos humanos".
Según asegura, en el estudio, el 90% de las personas a las que ha atendido en el CIE de Aluche (un total de 212, el 40% de los internos) fueron finalmente puestos en libertad, una situación que difiere de la de otros CIE situados en poblaciones costeras en el sur de la Península.
De media, las personas permanecen 39 días recluidas en este centro en unas condiciones que, según la fundación, requieren "mejoras significativas" que aún no se han llevado a cabo tanto en las instalaciones del CIE como en la atención y asistencia que se presta a los reclusos.
"Se sigue sin garantizar las necesidades básicas de las personas internas, sobre todo en lo que se refiere a ropa y calzado. La atención sanitaria presenta importantes carencias y no está garantizada las 24 horas del día con personal suficiente dentro del CIE. Además, sigue sin existir una enfermería, el examen médico inicial es muy superficial y no se proporciona atención psiquiátrica ni odontológica", resumen las conclusiones del estudio.
En cuanto a la garantía de derechos, destaca que en muchos casos la barrera del idioma no queda resuelta porque "el acceso a intérpretes es muy limitado" y porque la información que se entrega a los migrantes al ingresar en el CIE es "insuficiente". Según la fundación, dicha información "se realiza a través de fotocopias de un folleto informativo que se encuentra en castellano, árabe, francés e inglés", pese a la petición del Defensor del Pueblo que se traduzca a más idiomas.
Además, denuncia una situación de "opacidad" institucional que, a su juicio, es "caldo de cultivo para la existencia de estas vulneraciones de derechos".
En los casos en que los internos son puestos finalmente en libertad, quedan, según la organización, "en una situación de irregularidad que no les permite normalizar su situación".
Así, el documento señala casos de migrantes que, una vez liberados del CIE, "no han podido afrontar los gastos de desplazamiento a sus hogares".
Por ello reclama la ampliación del programa de Protección Humanitaria financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para "dotarlo de los medios y plazas suficientes" para que "no se repitan las situaciones de desprotección" de personas liberadas de los CIE.
Los responsables de la organización ven en el sistema de centros de internamiento, en conjunto, una "vulneración de los derechos humanos" y se muestran preocupados por el internamiento en estos centros a personas con "nula posibilidad de ser expulsadas o personas que nunca deberían de haber sido internadas".
De hecho, aseguran que de los 73 casos de detenidos que ya vivían en España, 29 de ellos lo fueron por la calle "como consecuencia de controles de identidad que se basan en las meras características físicas o étnicas de la persona".
Además, incide en que una de cada tres personas visitadas por las organización estaban en situación de "alta vulnerabilidad" por tratarse de menores (tal como afirmaban ser 10 de los internos), solicitantes de asilo (35), personas con graves enfermedades mentales (4), de las cuales habían sido previamente diagnosticadas), mujeres víctimas de violencia de género (2), adultos con hijos a cargo (4) u otras situaciones, como enfermedades crónicas (10), que se suman a "la situación de gran vulnerabilidad" que de por sí presentan todas las personas internadas en el CIE, según la organización.
Asimismo, advierten de que en algunos casos, "consulados africanos tratan de identificar a personas cuya nacionalidad no corresponde al país que ese consulado representa", un procedimiento que, según indica, se hace a propuesta de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras española y que se lleva a cabo en países distintos de la nacionalidad que consta en la orden de detención firmada por un juez español.
"Esto puede suponer la repatriación de la persona a un país diferente al que le correspondería", indican.