Según argumenta la Fundación en la querella que ha enviado a los medios de comunicación, el edil argumentó que se actuaba en cumplimiento de la moción sobre memoria histórica aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real y de la Ley de Memoria Histórica, "sin amparo en acto administrativo alguno y mucho menos procedimiento al efecto".
"Los querellados han actuado para la retirada de dicho monumento sin previo acto administrativo alguno, prescindiendo de las garantías del procedimiento administrativo para llevar a cabo tal acción, como es fácil colegir a través de los hechos documentados existentes en el propio ayuntamiento", argumenta la Fundación.
En este sentido, señala que en "ningún acuerdo" anterior, coetáneo o posterior relativo a la retirada del citado monumento, al que se refiere el portavoz querellado, desde el acuerdo de creación de la Mesa de Memoria Histórica, pese a haberse reunido en diversas ocasiones en el salón de plenos del Ayuntamiento, "se ha ratificado en un pleno municipal".
En este sentido, apunta que la Mesa de Memoria Histórica de la ciudad aprobó la eliminación de la denominación del pasaje Gutiérrez Ortega, las calles Vicente Galiana, José María Aparicio Arce, Gregorio Sánchez-Puerta, Belchite, Brunete, Santa María de la Cabeza y Simancas y la plaza Merry del Val, así como la retirada de la Estatua del Alférez Provisional. "Pero, ni este, ni ninguno de los acuerdos de esta Comisión se ha ratificado aún en pleno", añade.
Según indica la Fundación, la escultura retirada está inscrita como bien mueble en el Registro Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Ciudad Real como mueble de carácter histórico artístico o de considerable valor económico, señalando en su descripción que su autor es el escultor Amaya (Marino Amaya).
"Resulta, por todo ello evidente, que los querellados, en un ejercicio arbitrario del poder, han cometido un presunto delito de prevaricación administrativa, pues no cabe escudarse en que la retirada del citado monolito fuera aprobado por ningún acuerdo municipal, ni tras el pertinente expediente administrativo y autorización de la Comunidad de Castilla-La Mancha, con competencias en patrimonio histórico, nitampoco por el acuerdo del pleno", argumenta.
Además, señala que la presunta "actuación prevaricante" de los responsables públicos querellados, por su conducta, "sólo puede obedecer a razones de odio ideológico, al más puro estilo totalitario, olvidando que el monolito, constituye monumento histórico público, con independencia del momento en que fue colocado".