El texto, con fecha 27 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que existen determinados supuestos respecto a los que es importante establecer pautas de actuación que conduzcan a "proteger, asegurar y recuperar, física y psicológicamente", a los animales que han sufrido maltrato.
En el escrito remitido a las fiscalías territoriales y al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Antonio Vercher destaca que uno de los aspectos más problemáticos que se vienen suscitando es la determinación o lugares donde depositar a los animales que son incautados tras haber sido maltratados.
En este sentido, subraya que "a la hora de determinar los lugares en los cuales podrían ser depositados los animales, existen numerosas asociaciones u ONG privadas a las que se puede acudir en la ciudad o provincia en la que han ocurrido los hechos, después de verificar la legalidad de las mismas, así como su compromiso y voluntad de resolver este problema.
En cualquier caso, recuerda que las "antiguas perreras" o albergues municipales para perros "deben atender también" a estos animales, a pesar de que el servicio de recogida de animales abandonados no están entre las competencias de los ayuntamientos. Sin embargo, se ampara en una sentencia del Tribunal Constitucional que regula las "competencias distintas de las propias y atribuidas por delegación".
Por eso, la Fiscalía insiste en que el municipio "deberá aceptar a los animales" incautados por delito de maltrato y señala que el Ministerio Fiscal "podrá" recurrir a estos en el marco de sus actuaciones en la materia.
En todo caso, para garantizar el futuro de estos animales maltratados, subraya que estos no podrán ser sacrificados ni dados en adopción sin autorización judicial.
"Dado que con cierta periodicidad se sacrifican animales" en las 'perreras' o albergues, el fiscal señala que se deberá hacer controles por parte del Ministerio Público para evitar "ese desenlace" mientras hay un procedimiento abierto al respecto, bien judicial o del Ministerio Fiscal.