Fernández de Mesa ha recalcado que la sentencia constata que, entre todas las propuestas posibles, "nadie ha dicho con claridad dónde se tendría que haber metido aquel barco". Es más, cree que si se hubiera llevado a puerto habría tenido que explicar al tribunal por qué no lo alejó.
"Esto fue una cuestión meramente política", ha proseguido, añadiendo que ni siquiera los "expertos que aparecieron después de la catástrofe" han dicho a qué puerto se debía haber llevado el barco, ni siquiera si podía haber entrado en algún puerto.
Así, ha incidido en que queda claro que el Gobierno actuó "ajustado a derecho, es decir, las leyes impedían que un barco, en esas condiciones estructurales y sobre todo con esas condiciones meteorológicas, pudiera entrar en puerto". Y ha remachado que así lo indicaba el simulacro que se había hecho en Finisterre un año antes.
Gracias a que cumplió la ley, ha puntualizado Fernández de Mesa, el Gobierno no ha sido declarado responsable penal ni responsable civil subsidiario.
Además, ha defendido que los miembros de aquel Gobierno tienen derecho a mostrar su satisfacción por la sentencia --"ya está bien que no podamos decir algunos cuando estamos satisfechos, ha dicho"--, frente a la "gente que con ansias y deseos de venganza quería que la sentencia fuera de otra forma".
En todo caso, no ha querido valorar la resolución judicial en términos de varapalo para el PSOE y el BNG, porque sería "darle la razón a quienes, por hacer esos juicios previos, hoy están desilusionados".
Fernández de Mesa ha optado por destacar que las catástrofes marítimas, "impredecibles e imprevisibles", es difícil resolverlas de la mejor forma, pero que el Gobierno debe ceñirse a la ley y poner "todos los medios al alcance para minimizar" sus efectos.
De hecho, cree que eso es lo que hizo el Gobierno, y que cualquier otro análisis sólo genera "una confrontación social y a una manipulación de los sentimientos" que fue lo que, a su juicio, sucedió en 2002.