Según datos de la Fiscalía General, desde que se iniciaron las investigaciones a raíz de una denuncia presentada en 2011 por la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, que suscribieron 261 personas, las distintas Fiscalías Provinciales han recibido un total de 2.095 denuncias por esta cuestión. De ellas, un total de 522 (un 25 por ciento) han sido remitidas ante los correspondientes órganos judiciales.
"Todo este escándalo está vinculado a la historia de España", ha aseverado Kirton-Darling para explicar que "es necesario" crear "un comité parlamentario de investigación". "Esto haría posible un debate mas allá del estudio caso por caso", ha declarado tras señalar que hay "una gran diferencia" de opinión entre "las personas y las autoridades".
La eurodiputada ha lamentado el "sufrimiento de las víctimas" y "los obstáculos con los que se han encontrado en el proceso". "Existe una enorme falta de confianza por parte de las víctimas en el proceso. Es preciso que la gente hable sin miedo para que la investigación salga adelante" ha señalado.
En cuanto a las medidas a llevar a cabo, Kirton ha asegurado que van a elaborar un informe (no vinculante) basado en los testimonios y documentos recabados en estos dos días. Estas recomendaciones serán trasladadas posteriormente a los organismos "para instarles a tomar medidas". "Nosotros no somos el parlamento español. El sistema jurídico español debe resolver muchos de estos casos", ha sentenciado
Por su parte, la eurodiputada española de IU, Marina Albiol, ha señalado que las víctimas han tenido que recurrir al Parlamento Europeo puesto que "el estado español no ha cumplido con su obligación". "Estamos aquí porque el estado no da respuestas e intenta silenciar este escándalo, y las iglesia católica en su momento fue cómplice y ahora guarda silencio", ha declarado.
En esta línea, ha reclamado al Ministerio de Justicia que no trate el tema como un "acto de fe" puesto que se trata de "una trama de delitos de detención forzosa y crímenes". "No puede ser que desde el ministerio se diga que son las familias quienes deben denunciar", ha señalado para lamentar que "casi todos los casos se archivan por falta de pruebas" y que no hay pruebas "porque no hay investigación".
El eurodiputado de ERC, Josep Maria-Terricabras, considera de "inaceptable" que sean las víctimas "las que se tengan que trabajar su propia justicia". "Hubo un estado que cometió delitos graves, y lo que tiene que hacer este estado es ponerse frente la investigación", ha declarado.
Por otra parte, la eurodiputada del PP Rosa Estaràs Ferragut ha asegurado que el gobierno está desarrollando una "labor de coordinación muy intensa" para que las investigaciones puedan "fructiferar", y que "dentro de las dificultades" se están "triplicando los esfuerzos".
"Tenemos que trabajar juntos con las recomendaciones, y seguir profundizando e ir todos a una", ha declarado tras explicar que el Fiscal General lanzó en 2012 una circular considerando que estos casos no prescriben porque son delito permanente. "Lo que no hemos de hacer es politizar estos casos", ha concluido.
Los eurodiputados han tenido un encuentro con denunciantes; con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza; con el Ministerio de Justicia; y con Concepció Ferrer, adjunta de la Defensora del Pueblo. También serán recibidos por el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.
Esta comisión europarlamentaria ya se pronunció sobre el caso de los 'bebés robados' en España en septiembre de 2015, cuando tras escuchar a algunos de los afectados pidió al Gobierno que se investigara el escándalo y que se facilitase el acceso a los archivos de hospitales y centros religiosos relevantes para la investigación.