Según precisa el Gobierno, este acuerdo responde a la "preocupación" de ambos países por el "reto" que plantean a la seguridad el tráfico de personas, el terrorismo internacional, el tráfico de drogas y la delincuencia organizada.
El objetivo es "fortalecer y reforzar" la cooperación policial entre ambos países, así como "prevenir y poner freno" al terrorismo mediante la colaboración mutua. "El terrorismo internacional es una de las amenazas más graves que afronta la comunidad internacional y la lucha contra la delincuencia organizada es un objetivo prioritario para ambos países", precisa el Gobierno.
La colaboración se prestará respetando las respectivas legislaciones nacionales y los compromisos internacionales vinculantes para ambos, y su desarrollo se efectuará en base a principios de igualdad, reciprocidad y asistencia mutua.
En concreto, el acuerdo contempla: la lucha contra la inmigración irregular y la trata de seres humanos; la mejora de las capacidades de los servicios mauritanos en materia de vigilancia de fronteras y de seguridad de sus infraestructuras; el intercambio de información y la asistencia técnica y operativa para combatir el terrorismo; la lucha contra el cultivo, tráfico y comercio ilegal de drogas; y la lucha contra la ciberdelincuencia y los delitos económicos, financieros y fiscales, la corrupción y el blanqueo de dinero.
En materia de catástrofes, el acuerdo incluye: la protección civil para asistencia a las personas en caso de desastres naturales o accidentes industriales y tecnológicos; el suministro a los servicios de rescate de material y equipos modernos; y la creación e implementación de sistemas de alerta temprana y de centros de recepción y tratamiento de la información para el seguimiento y gestión de emergencias.
Otras áreas que se pretenden reforzar con esta colaboración son: la lucha contra los delitos contra la vida y la integridad de las personas; contra la detención ilegal y el secuestro; contra la falsificación y distribución fraudulenta de moneda, medio de pago, cheques y valores; contra el comercio ilegal de armas, munición, explosivos y materias primas de carácter estratégico (material nuclear y radioactivo); contra la divulgación y suministro de material pornográfico en el que participen menores; y contra el tráfico ilícito de bienes culturales de valor histórico y de obras de arte.