Estas cuatro entidades defienden la importancia clave de la Carta Social Europea "como herramienta fundamental de protección de la dignidad de los ciudadanos europeos en todo el territorio de la Unión y del Consejo de Europa".
Tal y como señalan en la misiva, la Carta Revisada de 1996 y el protocolo adicional de reclamaciones colectivas "han permitido grandes progresos sociales en Europa" y es "un instrumento eficaz con el que cuenta la sociedad civil para impulsar la modernización y la participación política de los ciudadanos y, entre ellos, de los más débiles".
Esta ratificación, según precisan, permitirá a España "dar un paso de gigante en la erradicación de la pobreza y la exclusión, y garantizar debidamente el acceso a los derechos sociales de los ciudadanos en situación de desventaja social".
Además, muestran su preocupación por el hecho de que siga sin ratificarse la Carta Social Europea Revisada, ni su protocolo adicional, y que el Gobierno haya emitido reservas en varios artículos de la Carta en materias que consideran "vitales para una población sometida a una cruel desigualdad económica".
Según indican, el continente europeo y, particularmente, la Unión Europea, se encuentran en un periodo en el que se abren "grandes interrogantes sobre la efectividad y la cercanía de sus instituciones a la sociedad". Por ello, las cuatro entidades están convencidas de que la Carta Social está llamada a protagonizar un papel clave en el Pilar Social de la Unión Europea y en el futuro reordenamiento jurídico de "una Europa más próxima a sus sociedades".
"La ratificación plena de la Carta aportaría al actual Gobierno de España una oportunidad indiscutible, tanto a nivel interno como en el conjunto de Europa, de ser promotor de la justicia social en un contexto convulso", subrayan.
También recuerdan que el pasado 23 de noviembre todos los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad en el Congreso de los Diputados, una moción relativa a la ratificación de dicha Carta, así como del Protocolo de Reclamaciones colectivas de 1995. La demanda remitida al Gobierno se produce en vísperas de la celebración, el 10 de diciembre, del Día de los Derechos Humanos.