"Si bien dichos internamientos han contado con autorización judicial, nos consta que en dichas resoluciones se recoge que estas personas iban a ser internadas en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE)", dice el escrito firmado por estos diputados y senadores, que inciden en que según el ordenamiento jurídico español, esta reclusión ha de producirse en instalaciones de carácter no penitenciario.
La queja remitida al Defensor del Pueblo añade además que, según el contenido de la sentencia 807/2015 del Tribunal Supremo, "la decisión de Interior supone una grave ilegalidad, pues aunque el Gobierno tiene la potestad de 'crear centros de internamiento de carácter temporal y transitorio por razones de emergencia', no se ha producido ninguna resolución por parte del Ministerio para habilitar la cárcel de Archidona" como tal.
Según informa Compromís en un comunicado, en el texto señalan asimismo que Archidona "carece de suministros básicos, como el agua potable, razón por la cual no estaba siquiera operativo para funcionar como centro penitenciario" y carece también "del personal necesario para funcionar como Centro de Internamiento".
A juicio de los firmantes, esto supone "una evidencia de la inexistencia de los servicios establecidos reglamentariamente, en especial los de carácter sanitario, jurídico, sociales, culturales y religiosos, lo que igualmente debiera haber impedido los internamientos".