Los agentes de la Guardia Civil registran las sedes de Adif en Madrid y Barcelona y de la contratista Corsán en la ciudad condal. Creen que se infló el presupuesto de las obras del AVE A Barcelona. En el fraude, de unos seis millones de euros, habrían participado funcionarios del ente público. Fomento dice que colaborará con la investigación. El juzgado ha decretado el secreto de sumario.