La institución se ha dirigido a la Fiscalía tras recibir una queja que exponía el caso concreto de un migrante que, a pesar de haber sido declarado menor por parte de la Fiscalía Provincial de Barcelona, no fue puesto a disposición de la entidad de protección de menores, al parecer, por no existir plazas vacantes en los centros de acogida.
Según la asociación que puso la queja, el menor pasó varias noches en las instalaciones de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde fue internado en un calabozo junto a otros cuatro menores y no se le permitió salir de la celda durante el día, ni tampoco asearse, cambiarse de ropa o realizar una llamada telefónica.
La queja recibida por el Defensor del Pueblo denunciaba, además, la existencia de otros menores que se encontrarían en dependencias de la Fiscalía de Menores y que estarían durmiendo en colchonetas.