En un comunicado, ha explicado que ha abierto una actuación de oficio a raíz de las informaciones de este martes sobre un grupo criminal desarticulado que utilizó a 80 menores en situación marginal en Barcelona, Tortosa (Tarragona), Valencia y Marruecos para producir y vender pornografía infantil.
Ribó ha pedido información a las administraciones sobre cómo se atenderá a las víctimas, y ha puesto de manifiesto que la Ley 14/2010 establece que los poderes públicos tienen que tomar "todas las medidas necesarias" para proteger a los menores de cualquier forma de violencia y promover la recuperación física y psicológica de las víctimas.
PROTOCOLO MARCO
También ha pedido aclarar si en este caso se ha aplicado el Protocolo marco de actuaciones en casos de abusos sexuales y, de ser así, en qué momento fue y a partir de qué indicios.
Ha recordado la responsabilidad de la Dgaia --que no ha querido hacer declaraciones al respecto-- de proteger a los niños que están bajo su tutela y de garantizar su bienestar necesario "para hacer posible su máximo desarrollo personal posible".