El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, y la Audiencia Nacional han avalado la política penitenciaria en España y la dispersión de presos como una medida que favorece la reinserción de los condenados por delitos de terrorismo, como es el caso del exjefe 'militar' de ETA José Javier Arizkuren, 'Kantauri'.
'Kantauri' es el primer condenado de ETA que ha recurrido al TEDH para reclamar un acercamiento al País Vasco, algo que han aprovechado plataformas como Sare para animar a otros presos a que imiten esta iniciativa. Esta red de apoyo a los condenados etarras ha convocado el 14 de enero en Bilbao su manifestación anual contra lo que ellos llaman "vulneración de derechos".
El 16 de enero de 2015, el Consejo de Europa --una organización que aglutina a 47 Estados miembros, al margen de las instituciones de la Unión-- rechazó que España tuviera "presos políticos" en un escrito sin carácter jurídico en el que respondía a una pregunta formulada por dos parlamentarios socialistas, el suizo Andreas Gross y el sueco Björn von Sydow.
"El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha encontrado que España incumpla la Convención por el hecho de que los presos españoles no estén recluidos en centros penitenciarios situados en zonas cercanas a sus familias", recogía la respuesta del Comité de Ministros del Consejo de Europa.
"No hay ninguna razón para dudar de las informaciones comunicadas por las autoridades españolas", apuntó el Consejo de Europa, que también añadió que los etarras en prisión "han sido condenados por infracciones penales graves en conformidad con el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos".
Este artículo se refiere al derecho a un proceso equitativo, si bien la defensa de 'Kantauri' alude ahora al artículo 8, el que desarrolla el derecho al respeto a la vida privada y familiar. Amaia Izko, la abogada del exjefe de ETA, ha adelantado que alegarán ante el TEDH "vulneración del derecho familiar" como consecuencia de la aplicación de la dispersión, al considerar que su situación en prisión afecta a las comunicaciones con sus allegados, algo que creen que "no es legal ni está justificado".
El Consejo de Europa señaló en 2015 que las Reglas Penitenciarias Europeas adoptadas en 2006 "recomiendan que los reclusos se asignen, en la medida de lo posible, a las cárceles cercanas a sus hogares o lugares de rehabilitación social". Esta misma organización especificó que lo anterior no debe perjudicar a "investigaciones penales abiertas, la seguridad y la necesidad de establecer otros regímenes apropiados para los reclusos".
DISPERSIÓN PARA YIHADISTAS Y NARCOS
En octubre de ese año, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional defendió --con un voto particular-- que alejar a los presos etarras del País Vasco no vulnera sus derechos porque la ley penitenciaria busca la reinserción. En este sentido, recordaba que los internos tienen garantizadas sus comunicaciones y visitas, su acceso a la educación y la cultura, además de gozar de asesoramiento letrado y asistencia médica.
Siguiendo el mismo criterio en favor de la reinserción, la dispersión se aplica en España también a presos islamistas, miembros de grupos de crimen organizado o narcotraficantes, de acuerdo al Reglamento Penitenciario.
De visita en Bilbao el pasado diciembre, el presidente del TEDH, el italiano Guido Raimondi, se refirió a la dispersión como un tema "relevante". Acto seguido, subrayó que hay que considerar "todas las circunstancias de cada caso" ya que, en su opinión, sería "un error hablar en términos generales". "Hay que mirarlo caso por caso", insistió.
La justicia española, incluyendo el Tribunal Constitucional, le ha cerrado a 'Kantauri' todas las puertas para un acercamiento al País Vasco en el contexto de un cambio en la política penitenciaria, algo a lo que se niega el nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sin que antes se disuelva ETA, sus miembros pidan perdón y, además, colaboren con la Justicia. La Fundación de Víctimas del Terrorismo considera que existen unos 300 casos sin resolver judicialmente.
'Kantauri', natural de Pamplona y de 58 años, fue condenado a 56 años de prisión por ordenar el asesinato del concejal del PP de Sevilla Alberto Jiménez Becerril y de su esposa Ascensión García. Procesado este año por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, también está condenado como autor material de la muerte de tres policías entre 1984 y 1987 y por matar al socialista vasco Fernando Múgica en 1996.
Según el entorno proetarra, 'Kantauri' padece una cardiopatía isquémica por la que exigen su liberación. La pena está siendo cumplida en Murcia tras pasar por las cárceles de Sevilla, Cádiz y Pontevedra.
EL PRECEDENTE DE LA DOCTRINA PAROT
La abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Carmen Ladrón de Guevara, ha recordado el precedente de la 'doctrina Parot' para reclamar al Gobierno que defienda jurídicamente los intereses de España y vele por que no se apliquen resoluciones de forma colectiva, sino individualmente.
El TEDH ordenó en 2013 la puesta en libertad de la etarra Inés del Río al entender que aplazar su excarcelación en aplicación de la 'doctrina Parot' había contravenido el derecho europeo. Este fallo también se aplicó de forma automática a otros históricos dirigentes de ETA.
"La ley penitenciaria, incluida la política de dispersión, está enfocada en España para conseguir la reinserción de los condenados y resarcir a las víctimas", ha defendido Ladrón de Guevara en declaraciones a Europa Press. "La ley no dice que sea un derecho del preso cumplir una condena cerca de su domicilio", ha subrayado.
Esta abogada ha pedido al Gobierno que, en contra del criterio de 'Kantauri' y de cualquier otro preso de ETA, proteja ante las instituciones europeas la aplicación de una política de dispersión que "ha desactivado el control que ejercía la banda sobre sus miembros y también ha frenado la radicalización en las cárceles".
Sare ha vuelto a defender que hay sentencias del TEDH contra Ucrania y Rusia que auguran un posicionamiento favorable a los intereses de los presos de ETA. Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que se trata de una confusión deliberada del entorno etarra.
La sentencia que condenó a Ucrania no hacía referencia a la dispersión sino a que el afectado no había tenido una tutela judicial efectiva de acuerdo al artículo 13 del Convenio Europeo. En el caso ruso, el tribunal dio la razón al ciudadano que denunció las condiciones de su detención, sin evaluar la lejanía con respecto a su lugar de origen.
"SE OBSTACULIZARÍA LA REINSERCIÓN"
La Audiencia Nacional debatió sobre este tema en 2015 y recordó que es el Gobierno el único con competencias sobre la dispersión de los internos. "La concentración de presos de ETA en determinados centros penitenciarios perturbaría frecuentemente la seguridad de los mismos y obstaculizaría la reinserción social de aquellos otros que han optado por la separación definitiva de la banda", advirtió.
Propuestas como la 'vía Nanclares' permitieron en el pasado el acercamiento de una veintena de presos que sí cumplieron con los requisitos previos fijados por el Gobierno.
La dispersión se empezó a aplicar en 1989 por el Gobierno de Felipe González como una apuesta por romper el 'frente de makos' que mantenía la ortodoxia en las prisiones. Hasta ese momento los miembros de ETA ingresaban en las prisiones de Alcalá Meco (Madrid) y Herrera de la Mancha (Ciudad Real). En la actualidad, los 350 presos de la banda terrorista se reparten por diferentes cárceles de España, con sólo dos internos en el País Vasco y 78 en Francia.