Esta iniciativa permitirá que un menor pueda solicitar un cambio registral a través del Ministerio Fiscal, de forma que será un juez quien resuelva el procedimiento "teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor".
Tal y como ha destacado la diputada socialista que ha defendido esta ley, Lola Galovart, esta medida "garantizará que la identidad reconocida por la sociedad sea la percibida y sentida por la persona, sin condicionantes de edad, ni de acreditación de identidad sexual por un tercero, ni de modificación del cuerpo si la persona no lo desea".
Pero, además, esta norma, que busca reformar la Ley reguladora de la rectificación registral de 2007, también avanza en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, extranjeros, que podrán solicitar el cambio en sus tarjetas de residencia y permisos de trabajo; así como en la despatologización del este colectivo, ya que no exigirá requisitos médicos o quirúrgico para solicitar la rectificación registral.
"Con esta reforma se supera una legislación que consideraba la transexualidad como un trastorno mental, al exigir para el cambio de género informes médicos sobre la existencia de una distrofia de género, además de los tratamientos médicos para llevar a cabo este proceso biológicamente", señaló Galovart durante el debate.
A su juicio, esta medida "va a ser un instrumento útil y necesario para mejorar la vida y hacer más felices a las personas transexuales".
UNA MEDIDA "INSUFICIENTE"
Los socialistas han obtenido el respaldo de la mayoría de grupos, aunque Unidos Podemos y Ciudadanos señalaron durante el debate que se trataba de una norma insuficiente y anunciaron que enmendarán algunos puntos.
Los representantes de la formación morada, además, han conseguido el compromiso del PSOE para impulsar la tramitación de la ley LGTBI, actualmente en plazo de enmiendas, y una nueva ley específica de las personas transexuales.
Sólo PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han votado en contra a este texto. Los 'populares' argumentaron que esta ley supone una "inseguridad jurídica", tanto en el caso de los menores como en el de los extranjeros y creen que la defensa del interés superior del menor, recogida en diferentes leyes y convenios internacionales, "no se observa con las suficientes garantías" en la norma socialista.