Esta propuesta, que consiguió el apoyo de más de 740.000 firmas, fue presentada en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Cámara Baja por el presidente de la organización, Luis Cayo Pérez Bueno, el pasado mes de febrero, en donde contó con el apoyo unánime de los partidos.
La organización, que representa a más de cuatro millones de personas con discapacidad y sus familias, propone que la capacidad económica del beneficiario, el patrimonio, la edad o el momento vital de aparición de la situación de dependencia se tenga en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas.
También pretende dejar exentos de copago a aquellos beneficiarios cuya capacidad económica personal no supere en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 1.331 euros al mes; que la participación en el coste de los servicios supere el 60 por ciento, y que se garantice al menos una cantidad mínima para gastos personales no inferior al del 40 por ciento del IPREM correspondiente, es decir, de su capacidad económica.
"Transigimos el copago como mal menor, pero este ha sido uno de los elemento más negativos, paralizantes y perturbadores" de la Ley de Dependencia, indicó Pérez Bueno en su intervención, en la que denunció el aumento "exacerbado y sin regulación" de la participación económica a la que están obligados los dependientes.
UNA INICIATIVA QUE CAYÓ AL DISOLVERSE LAS CORTES
"Estamos en contra del copago porque impide el ejercicio real y efectivo del derecho", añadió para advertir que quienes no pueden hacer frente al "pago" de este derecho, son "expulsados" de los servicios sociales "tan imprescindibles para la calidad de vida".
No es la primera vez que esta ILP se tramita en el Congreso. En abril de 2016 la Cámara Baja acordó la toma en consideración de esta iniciativa que, finalmente, decayó con la disolución de las cortes.