Así se han expresado tras conocerse las "pretensiones" de Energía de "alargar la agonía" de dicho proyecto, "que seguirá hibernando mientras se estudia su posible desmantelamiento a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, de los contribuyentes".
Compromís lamenta que no se haya hecho "el mínimo esfuerzo en identificar a los responsables políticos de la mala gestión y actuaciones imprudentes que permitieron poner en funcionamiento un proyecto energético que pretendía convertirse en el mayor almacén submarino de España y que ha acabado siendo el mayor fiasco económico de los últimos años".
Para el senador vinarocense Jordi Navarrete, "en la coalición no nos vamos a quedar callados como han hecho otros, ya que considerábamos y seguimos considerando que esto es un atropello, un chanchullo, no han justificado los enormes sobrecostes ni la gestión económica que denunciaba la Comisión Nacional de la Energía y no nos han facilitado las memorias y auditorías que les reclamamos".
Compromís entiende que "se actuó de forma imprudente, obviando estudios tan evidentes como los sismológicos como se les advirtió y no es posible que todos los involucrados hayan cobrado, incluso repartido dividendos multimillonarios y se esté repercutiendo a los consumidores en sus facturas un escándalo de tal magnitud sin que existan culpables políticos y técnicos de ninguna clase".
ALARGANDO PLAZOS
Así, ha apuntado que, tras los temblores, la propia empresa promotora "no se demoró en renunciar al proyecto y cobrar la parte que le correspondía por su diseño y construcción". "El Gobierno de Mariano Rajoy les pagó también con celeridad y, tras unos años de retrasos que han conllevado los nuevos e innecesarios estudios, se opta por estudiar si se desmonta, alargando de nuevo los plazos y aquí no ha pasado nada".
Por su parte, la portavoz adjunta del grupo Compromís en les Corts Valencianes, Mònica Àlvaro, ha recordado al Gobierno que "ya en la pasada legislatura, y a propuesta de Compromís, les Corts Valencianes, la diputación de Castellón y la gran mayoría de instituciones valencianas ya aprobaron proposiciones no de ley reclamando no sólo el cierre del Castor, sino su desmantelamiento".
En todo este tiempo, según ha lamentado Àlvaro, "el Ejecutivo del PP ha hecho caso omiso a los acuerdos de les Corts a este respecto". Para Álvaro, "el Gobierno tiene la obligación de velar por la seguridad de los vecinos y vecinas del Maestrat y debe primar el bienestar y la tranquilidad de la ciudadanía frente a los intereses económicos privados".