El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) Luis Cayo Pérez Bueno, ha pedido este martes 22 de noviembre en el Congreso de los Diputados una mayor inversión y cambios legislativos --relacionados en su mayoría con los derechos humanos-- para cambiar el mapa "sombrío" que aún viven las personas con discapacidad en España.
Pérez Bueno ha explicado a los miembros de la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, que son optimistas y no se dejan llevar por la frustración porque se han registrado buenos resultados en los últimos años. Sin embargo, ha recordado que el país viene de "tal subsuelo" en cuanto a políticas y cifras, que la situación real dentro de la UE sigue siendo de "exclusión crónica".
Así, ha recordado que los discapacitados son personas con una menor capacidad de renta, por la falta de trabajo, pero con más gastos debido a su situación. Un binomio que Pérez Bueno ha denominado "endemoniado" y que, según ha explicado, "ha ido creciendo en los años de crisis" igual que ha subido el empobrecimiento general.
Por ello, ha exigido un crecimiento de la inversión en discapacidad en España con una "mejor gestión de esos recursos". Pérez Bueno ha destacado que las políticas de discapacidad son "muy agradecidas" porque suponen un "notable retorno posterior a la sociedad".
"Mejores políticas de inclusión laboral supondrá un empoderamiento del movimiento social y mejoras económicas que serán devueltas a la sociedad. No queremos reducirnos a ser pedigüeños, queremos estar en posición de dar y colaborar como otros grupos sociales", ha declarado Pérez Bueno.
LA DISCAPACIDAD SOBREVENIDA NO ESTÁ EN LAS POLÍTICAS
El perfil realizado por Pérez Bueno sobre los discapacitados españoles destaca varias cifras. Hay 4 millones de discapacitados o 12 millones si se cuenta a sus familias. Esto supone el 10 por ciento de la población y, de ellos, un millón vive en zonas rurales. Además, el 60 por ciento de los discapacitados son mujeres y niñas, y también son un 60 por ciento los mayores de 65 años.
Durante su intervención, también ha destacado un cambio de tendencia en el perfil del discapacitado español. Así, ha señalado un repunte en aquellos que tienen una discapacidad sobrevenida, que aparece en la adolescencia o en la edad adulta y que, "además de suponer una sacudida en la vida de la persona y de sus familias", es un perfil que "aún no ha llegado a las políticas actuales".
En este sentido, también se ha dirigido a los políticos para pedir la cercanía de las instituciones a la hora de colaborar con la sociedad civil.
CAMBIAR LA LEY INCOMPATIBLE CON LOS DD.HH.
Pérez Bueno también ha pedido cambios en términos de legislación. Como una reforma constitucional, de manera que los discapacitados puedan acceder a los derechos fundamentales como cualquier otro ciudadano, comenzando por enunciar el derecho a la inclusión social de las personas con discapacidad en el texto.
Del mismo modo, pide una revisión del ordenamiento jurídico, con una ley orgánica transversal para solucionar las incompatibilidades que, a su juicio, el sistema legal actual tiene con los derechos humanos. El presidente del CERMI denuncia estos problemas están materias "críticas" como el derecho de voto, que afecta a 100.000 personas con discapacidad que actualmente no pueden acudir a las urnas.
También considera necesario igualar la capacidad jurídica ante la ley, para acabar con sistemas de incapacitación por los que se sustituye a personas con discapacidad en la toma de decisiones; o con la privación de la libertad por enfermedad, sobre todo mental, o con la esterilización forzosa que, además, se suele centrar en mujeres y, por lo tanto, se trata de una medida con discriminación por razón de sexo.
ELIMINAR LA SEGREGACIÓN EDUCATIVA
Dentro de este 'pack' de cambios, el CERMI ha denunciado que España mantiene dos sistemas de escolarización, incumpliendo así el tratado de la ONU sobre derechos humanos. La asociación pide la completa inclusión de los menores discapacitados en el sistema educativo español y que, mientras seso se consigue, sean los propios interesados o sus padres quienes decidan a qué centro quieren acudir.
En su intervención, Pérez Bueno ha relatado casos en los que se han llegado a "dolorosos procesos judiciales" en los que se pone en duda a los progenitores de un niño por negarse a escolarizarlo en un centro especial.
Finalmente, el presidente del CERMI ha recordado que a la ONU le toca revisar a España en esta materia en agosto de 2017. Su último 'examen' fue en 2011 cuando, según ha recordado Pérez Bueno, se le hicieron, entre otras recomendaciones, algunas de las que ahora solicita la asociación. "Verán que no se han cumplido e intensificarán sus peticiones ante la falta de actuación de España", ha avisado.