Según ha detallado en rueda de prensa la consellera de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, el nuevo impuesto ya no grava la producción de energía sino los riesgos ambientales de la producción, manipulación, transporte, custodia transitoria y emisión de elementos radiotóxicos de combustible nuclear.
A diferencia del impuesto estatal en este ámbito, que "sólo tiene una voluntad recaudatoria", el que impulsa la Generalitat es de carácter medioambiental y finalista, ya que una buena parte de la recaudación revertirá en la dinamización económica de las zonas afectadas, ha detallado Munté.
El Govern también ha aprobado la memoria preliminar de la reforma del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales para adaptarlo a las recomendaciones de la UE y transformarlo en un tributo "estrictamente medioambiental".
El nuevo redactado grava el impacto ambiental que puede ocasionar la afluencia de vehículos a las grandes superficies comerciales, en lugar de los metros cuadrados que ocupaba el establecimiento como se hacía hasta ahora.
La previsión del Govern es mantener una recaudación de 15 millones de euros anuales, que se sumarán a los 40 del impuesto a las nucleares, aunque la previsión exacta de recaudación se concretará en los respectivos anteproyectos de ley que aprobará el Govern en septiembre.