Bruselas reclama a estos países que atiendan a su obligación de informar a la institución sobre el grado de puesta en marcha de varias normas que afectan a la gestión de los residuos, incluidos los objetivos de reutilización, reciclado de los residuos..
Tras la notificación vía una carta de emplazamiento de la situación, España y el resto de gobiernos afectados tienen un plazo a priori de dos meses para responder a la petición del Ejecutivo comunitario.
Si la Comisión no se da por satisfecha por las aclaraciones, podrá dar el siguiente paso del expediente que implica un dictamen motivado y un ultimátum para que el país corrija la situación. Si persiste el incumplimiento, Bruselas podría llevar al Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Junto a España, el Ejecutivo comunitario ha iniciado procedimiento contra Chipre, Rumanía, Francia, Italia, Reino Unido, España, Malta, Irlanda, Países Bajos, Grecia, Suecia, Dinamarca, Eslovenia y Luxemburgo.